Publicado el: Mié, 28 Jul, 2021
Actualidad

El PP pide al Ayuntamiento igualdad de trato para las personas sordas

Malu del Río recuerda la obligatoriedad de las administraciones en adaptar sus servicios al colectivo.

“El gobierno municipal no está teniendo en cuenta la accesibilidad visual y auditiva”.

La concejal del PP, Malu del Río, defenderá en el pleno del próximo una moción en la que pide al gobierno municipal que garantice a las personas sordas la igualdad de oportunidades en sus relaciones con el Ayuntamiento de San Fernando, poniendo para ello en marcha los servicios de interpretación de la Lengua de Signos Española en todos aquellos actos públicos organizados por la administración local, así como incorporar la herramienta de videointerpretación a los distintos servicios municipales.

Del Río recordó que todas las administraciones públicas deben incorporar la Lengua de Signos Española (LSE) y las tecnologías necesarias para facilitar la accesibilidad de las personas sordas y que puedan ejercer así sus derechos de forma plena. “La accesibilidad a la información y la comunicación es cuestión de necesidad”, afirma.

A partir de la Ley 27/2007 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconocen la lengua de signos como lengua propia de las personas sordas, las administraciones públicas no tendrán respaldo legal para justificar la falta en la implementación de las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad de las personas sordas a la información, así como su acceso a los procedimientos administrativos en igualdad de condiciones.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) reclama que la lengua de signos sea tenida en cuenta y  exige el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas sordas, y su pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía, “para que nadie se quede atrás”.

Pese al amplio reconocimiento legislativo y social con el que cuentan la LSE en nuestro país, sigue estando relegada a un injusto segundo lugar constituyendo una claro ejemplo de  exclusión y aislamiento de las personas sordas y sordociegas también al negarles su derecho a contar con interpretación en lengua de signos o videointerpretación.

En este sentido, urge a que las administraciones públicas se apliquen, de una vez por todas, en el cumplimiento de la legislación en materia de lengua de signos evitando que vuelvan a vulnerarse los derechos de sus usuarios, cuestión que se ha puesto de relieve y acrecentado durante la pandemia, y a la creación de una normativa específica sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, ya que de ellas dependen la igualdad de oportunidades de este colectivo. El uso de la lengua de signos española es determinante para asegurar la participación en cualquier ámbito.

Actualmente existen distintas entidades que ofrecen un Servicios de videointerpretación en LSE totalmente gratuito, lo que permite la comunicación telefónica entre personas sordas y oyentes a través de la figura de un videointérprete, garantizando así su acceso a la información en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía y posibilitando la realización de cualquier gestión, en las administraciones públicas y privadas, de forma autónoma.

Son ya un número considerable de municipios que han optado por este servicio. La videointerpretación permite la comunicación entre personas sordas y oyentes en tiempo real a través de un video-intérprete que realiza las labores de interpretación solicitada por cada usuario, estableciendo una comunicación fluida entre ambos.

La edil popular afirmó que, gracias a la incorporación de la herramienta de  videointerpretación, se garantiza a las personas sordas la igualdad de oportunidades y la autonomía personal”. Mediante este servicio de videointerpretación se permite al colectivo de personas sordas transmitir sus peticiones a través de una tablet y con unos intérprete de LSE al otro lado que hacen posible que el usuario manifieste su necesidades a la administración, haciéndola más accesible a los ciudadanos y que estos puedan realizar su trámite de forma normalizada y sin barreras.

Finalmente, Malu del Río quiso recordar que “hablar de lengua de signos es hablar del derecho de todo un colectivo a expresarse y ser atendido en su propia lengua, sin lengua de signos no hay respeto al otro, ni igualdad de oportunidades, ni verdadera inclusión”.

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