Publicado el: Lun, 22 Mar, 2021
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El PP baraja llevar al Gobierno de Cavada a los tribunales por el rótulo ilegal de un edificio BIC

“Las letras de la fachada del Ayuntamiento han costado a los isleños más de 20.000 euros”. La Ley es igual para todos, y ese dinero tiene que pagarlo de su bolsillo quien autorizó la colocación de las letras”

El PP de San Fernando baraja la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por la colocación ilegal de un rótulo en la fachada del Palacio Consistorial.

Tras conocerse que la decisión del gobierno municipal de plantar un añadido en el frontal del histórico edificio municipal, vulneraba la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, los populares ya exigieron al Ayuntamiento el inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial, como recoge el Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 36, “para que se dirima esa responsabilidad y al final paguen los responsables de sus propios bolsillos y no con fondos públicos”.

“Patricia Cavada y su equipo continúan sin depurar responsabilidades sobre este acto ilegal que, además, nos va a costar a los isleños mucho dinero. En este caso concreto -señala- no solo vamos a tener que sufragar el coste del rótulo, más su colocación y desmontaje (21.287,68€); sino que, además, las arcas públicas, el dinero de todos, tendrá que hacer frente al pago de una multa por la ilegalidad cometida por el gobierno socialista”

Ha pedido al gobierno municipal que no demore por mas tiempo la retirada del rótulo colocado de manera ilegal en la fachada del Ayuntamiento. Los populares insisten en la petición ya realizada a la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, toda vez que se ha tenido conocimiento que hasta el Defensor del Pueblo Andaluz ha tomado cartas en el asunto pidiendo al Consistorio que acate las normas patrimoniales.

Las letras corpóreas conformando la leyenda “Casas Consistoriales” que desde hace más de un año puede apreciarse en la fachada principal del Ayuntamiento, fueron colocadas sin consultar previamente ni contar con la autorización del órgano competente, en este caso la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y todo, pese a que la delegada de Urbanismo, Claudia Márquez, asegurase en prensa que la instalación fue consultada previamente con Cultura. “O mintió, o se adelantó al dictamen técnico, en todo caso la propia concejala socialista se señala como responsable de esta ilegalidad”, subraya el PP.

Al tratarse de un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier modificación o cambio debe ser supervisado y tener la autorización expresa de la instancia superior, en este caso la Consejería de Cultura, tal y como dicta la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 33.2.

“La Ley es igual para todos, y vulnerarla tiene sus consecuencias. El dinero público es de todos los ciudadanos que no tienen que soportar el coste de medidas arbitrarias y caprichosas”, concluye el PP.

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Redacción

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