El Partido Popular (PP) de San Fernando ha responsabilizado directamente a la alcaldesa socialista, Patricia Cabada, de la situación que viene sufriendo la playa de Camposoto desde 2017. “Las obras proyectadas por el actual gobierno de la ciudad se han revelado como una auténtica chapuza que llevan encadenando dos temporadas veraniegas de problemas. Pese a que la naturaleza nos ha concedido una playa inigualable, las urnas nos han deparado un gobierno incapaz de gestionar con provecho los activos de nuestra ciudad”, señalan los populares en un comunicado.

La queja del PP se justifica en la situación que los usuarios de Camposoto están padeciendo desde el comienzo de las obras de la pasarela sobre el caño de entrada a la playa. Más de dos años para su ejecución y casi cinco millones de euros invertidos sin que pueda hacerse uso de la misma debido a un error en el diseño de la misma.

Frente a la estrategia adoptada ante una situación escandalosa por el gobierno municipal del PSOE, intentando confundir a la ciudadanía acusando a los nuevos responsables de la Junta de Andalucía de unos errores heredados de la época de los ERES falsos y los escándalos protagonizados por dirigentes autonómicos socialistas, se encuentra la cruda realidad. Isleños y visitantes estarán “condenados a sufrir un verano más -el de 2020- la actual situación de falta de servicios, incomodidades y problemas generados por gobiernos del PSOE, antes y ahora”.

“No podemos –afirma el partido- seguir aguantando las mentiras de Patricia Cabada y su gobierno. Resulta bochornoso ver como intenta justificar sus fallos, su falta de gestión en la ciudad, culpando al resto de formaciones, gobiernos o a los propios ciudadanos. Hay que coger en peso el presente y tomarse en serio el futuro de La Isla. No se construye nada con la mentira”.

Además, la irregular situación de los 2’5 kilómetros de plataforma que se ha levantado sobre el caño de la playa han generado un sobrecoste en los trabajos, y no sólo económico sino también de tiempo: 1’2 millones de euros extra y 12 meses de trabajo más para concluir una promesa electoral de Patricia Cabada fechada en 2015.