“El déficit del servicio de alcantarillado lleva tres años cuadruplicándose: más de 300.000 euros. Es urgente que Cavada audite este servicio”. Así lo han exigido Gonzalo Alías, referente local para la confluencia de Izquierda Unida, y Juan José Fornell, portavoz de la Plataforma 3R. Ambos representantes coinciden en que la alcaldesa y también Concejala de Transparencia debe utilizar el informe del Interventor Municipal en beneficio de la ciudadanía cañaílla: “Diga al pueblo isleño qué es lo que tenemos”.

Izquierda Unida y la Plataforma 3R piden al equipo de gobierno que, antes de que venza la concesión privada de la gestión del servicio de aguas y alcantarillado, entregue a la ciudadanía el balance de la misma. Según sus declaraciones, “estamos en una situación preocupante: sólo en los últimos tres años, el interventor ha certificado cómo se está hundiendo el servicio actual de aguas y alcantarillado. El déficit del alcantarillado lleva tres años cuadruplicándose y va por 317.543,74 euros”.

A punto de cumplirse los 25 años de privatización en manos de Hidralia, ambos representantes instan a Cavada a que “antes de repetir otra pantomima política a costa del consenso como con el contrato de la basura, permita que una auditora independiente cruce las puertas de la empresa y diga al pueblo isleño qué es lo que tenemos”.

3R e IU piden conocer en qué se gasta hasta el último céntimo: “queremos valorar hasta el importe que se paga por un nuevo pozo de alcantarillado –curiosamente ejecutado siempre por la misma mercantil– como ejemplo del detalle”.

Para las dos formaciones, “es el momento de explicar el resultado de 25 años de concesión administrativa en servicios estratégicos como el agua y el alcantarillado. Valoremos qué decía ese contrato de 1994 y veamos, junto a ese informe de auditoría, su resultado. Analicemos con un objetivo independiente, en un debate abierto entre la sociedad civil isleña, la forma de gestión del servicio. Prioricemos siempre los intereses generales de todos los isleños en lugar de crear “guetos políticos” respaldados con contratos públicos.