El presidente del PP isleño, José Loaiza, ha vuelto a exigir la dimisión de la concejal socialista Ana Lorenzo Castro y, de no producirse, “tendría que ser cesada en su puesto por la alcaldesa, Patricia Cavada”.

Así, Loaiza espera que un hecho “de extrema gravedad”, como el protagonizado por la edil del PSOE al incitar al incumplimiento de la Ley, que “rompe las bases de nuestro estado de derecho y la convivencia entre ciudadanos”, no quede impune. Por ello, asegura que si desde el Ayuntamiento no se adoptan las medidas oportunas como es la obligación de la alcaldesa, será el PP quien acuda a la Fiscalía para poner en su conocimiento estos hechos “que, además, han sido reconocidos por la propia concejala”.

Además, Loaiza afirmó que su formación también denunciará por vía administrativa, la vulneración de la Ley de Protección de Datos tanto por parte de Ana Lorenzo como del gobierno PSOE-Andalucistas al darse direcciones, nombres entre otros datos “que deben permanecer en el ámbito de la relación administración-administrado y no hacerse público como han hecho. Para exculparse, la señora Lorenzo comienza a dar datos personales. Es inconcebible. Además, ¿a cuántas personas más invitó a delinquir para quitarse un problema de encima? No se pueden atajar problemas sociales incitando a incumplir la Ley , como hacen algunas formaciones políticas y la propia Ana Lorenzo ”.

Recordó Loaiza que la edil del PSOE, en su disculpa pública aseguró que lamentaba “haber cometido un error”, cuando “no se trata de un error sino de una ilegalidad, y un cargo público que comete ilegalidades se tiene que ir. Esto no es un error administrativo, esto es saltarse la Ley”.

También criticó el líder popular que Patricia Cavada continúe guardando silencio y no haya informado de la postura que tiene que adoptar el Ayuntamiento para que este suceso no continúe poniendo en duda la responsabilidad del actual gobierno municipal. Loaiza exige claridad a la alcaldesa socialista porque “no sabemos si es que fue ella la que dio orden para actuar así, si tenía desconocimiento o lo ampara. Todo ello lo debe aclarar y si no el que calla, otorga».

Pidió que se pronuncie el socio de gobierno, el andalucista Fran Romero, y exponga públicamente si comparte “que en San Fernando se pueda ocupar ilegalmente una vivienda tal y como recomienda e incita una concejal de su equipo. Tenemos que saber cuál es la postura de los andalucistas respecto a este asunto, ¿o es que va a permanecer mudo como la señora Cavada”.

También exigió el pronunciamiento del PSOE provincial y regional sobre un asunto que sienta todo un precedente en la administración pública.