Nuestra Constitución garantiza que la iniciativa ciudadana pueda ejercer la democracia participativa de forma que los ciudadanos presenten reformas sobre estatutos o leyes mediante la llamada Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Para tal fin es imprescindible, aparte de una serie de requisitos, presentar 500.000 firmas acreditadas en caso de que sea a nivel nacional. Sobre el papel parece perfecto eso de permitir la participación de los ciudadanos en la vida política, pero la realidad, cruda siempre, es bien distinta. Hasta la fecha, durante los últimos 33 años, de 50 ILP desarrolladas tan solo ha prosperado una.

La ILP sobre la dación en pago reunió casi el triple de las firmas requeridas -concretamente 1.402.854- dejando de esta forma clara la preocupación de los ciudadanos por la cascada de desahucios que está asolando nuestro país. Lamentablemente sirvió una vez más para comprobar que nuestro Gobierno gobierna de espaldas a los ciudadanos sin tener en cuenta para nada sus preocupaciones reales incluso en un asunto como el que nos afecta en estos momentos. La dación en pago, a pesar de que aceptaran la tramitación de la ILP, fue rechazada por la mayoría del PP en mayo de este año.

Desgraciadamente vivimos en la Comunidad con mayor número de desahucios en términos absolutos y tercero durante el año 2012. Uno de cada cinco desahucios que se practican en España se producen en Andalucía, a razón de 45 diarios. Así las cosas, el Gobierno Andaluz decidió tomar cartas en el asunto ante la falta de iniciativa por parte del Gobierno del PP y aprobó el pasado 9 de abril el decreto sobre la función social de la vivienda (el llamado “decreto antidesahucios”). Expropiar temporalmente por un plazo de tres años viviendas en inminente proceso de desahucio, incentivos a particulares que pongan en alquiler sus viviendas o sancionar a bancos e inmobiliarias que se nieguen a hacer lo propio con las suyas, son algunas de las medidas incluidas en este decreto. Medidas todas solicitadas y aplaudidas por los ciudadanos que no contaban con que seguimos teniendo al enemigo en casa. Concretamente en La Moncloa.

A nuestro Gobierno, ese que se supone debe gobernar para los ciudadanos, se le atragantó este decreto y anunció el 28 de junio que recurriría el decreto andaluz ante el Tribunal Constitucional cuyo Presidente, por cierto, ha reconocido hoy, el mismo día que escribo este artículo, que ha militado en el Partido Popular. Dato este que por otro lado omitió cuando compareció ante el Senado.

La decisión del TC estaba cantada: el pasado día 11 suspendía durante 5 meses el decreto andaluz bajo el pretexto que puede poner en riesgo el sistema bancario, evidenciando de esta forma la preocupación del Gobierno de gobernar a favor de los bancos y en contra de los ciudadanos que le votaron.

Habrá que estar atentos a todo este asunto porque la Comunidad Navarra imitó a Andalucía y aprobó el pasado mes de junio una ley para expropiar pisos e impedir desahucios. ¿Recurrirá el Gobierno de Rajoy también esa ley? Yolanda Barcina,  presidenta del Gobierno de Navarra, anunció hace tres días que su partido no apoyaría una hipotética moción de censura que se le pudiera plantear al gobierno del PP, haciendo un claro guiño a Rajoy.

Así mismo Ibiza, municipio gobernado por el PP en una comunidad gobernada por el PP, se declaró oficialmente “municipio libre de desahucios” precisamente el mismo día que el TC suspendía el decreto andaluz. ¿Se enfrentará el Sr. Rajoy a sus compañeros ibicencos obligándoles a dar marcha atrás en este asunto?

Habrá que estar atentos, pues…