El concejal del PP, Daniel Nieto, ha preguntado a la Empresa de Suelo Isleña (ESISA) como ente municipal que gestiona alquileres sociales, los motivos que existen para haber presentado demandas por impago de la renta contra nueve familias isleñas. Este es el procedimiento previo al desahucio, "cuyo alzamiento se fijaría en un juicio que ya una de estas familias tiene señalado para el 9 de febrero próximo".

Todo esto incumple los compromisos públicos firmados como pacto de gobierno entre Patricia Cavada (PSOE) y Fran Romero (PA). "Es una empresa municipal la que demanda a los vecinos por impago de, según nos consta, algo menos de 600 euros. Además estos ciudadanos han solicitado una reunión con la concejala de Servicios Sociales y no se les ha concedido; y, además, han intentado, sin éxito igualmente, acordar con ESISA un plan de pago para ponerse al día de la deuda contraída. Es una contradicción con todo aquello que habían prometido a los isleños", dijo Nieto.

En efecto, el punto número 72 del pacto de gobierno alcanzado entre PSOE y PA en junio de 2015 anunciaba que "pondremos -el bipartito- los medios y recursos municipales precisos para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional. Desde el Ayuntamiento se pondrá en marcha un programa de información y asesoramiento jurídico para que las personas afectadas puedan tomar las acciones pertinentes en el momento adecuado evitando mayores perjuicios. Propiciaremos la firma de un convenio con el Juzgado para que con la antelación suficiente se informe a los servicios sociales de los lanzamientos previstos con respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Incentivaremos la suscripción de un convenio con las entidades financieras que colaboren en la paralización de los desahucios hasta haber encontrado una alternativa habitacional".

Esto qué hace referencia, sólo a los desahucios de los demás no a los de la empresa municipal. Tienen que dar una explicación y de manera urgente. Pedimos que se suspendan esos desahucios y que se atiendan a la familias, que la señora Lorenzo haga un hueco en su apretada agenda para escuchar y resolver a los isleños que realmente tienen problemas no sólo a aquellos que siempre le dan la razón".

Por último Nieto, en nombre de su partido, quiere saber si la decisión de ESISA ha sido tomada por la propia empresa o ha sido sugerida por la Junta de Andalucía, toda vez que ESISA gestiona -como es este el caso- el alquiler de viviendas de la administración autonómica en la localidad. "Si es la Junta la que ha ordenado a ESISA que le haga el trabajo sucio pedimos que la empresa pública isleña se replantee su compromiso con la administración autonómica", concluyó el concejal.