“El Ayuntamiento subvencionará el pago de alquileres a los inquilinos de viviendas municipales más afectados por la crisis del Coronavirus”.

Así de claro se expresó públicamente en redes sociales y medios el gobierno municipal al principio del Estado de Alarma a mediados de marzo. Iniciado el mes de abril, lo único que se había hecho realmente hasta ese momento era enviar una carta a los inquilinos de Esisa por la que se les permitía retrasar el pago siempre y cuando lo solicitasen expresamente.

Medida que consideramos insuficiente dada la merma de ingresos que en muchos hogares de viviendas sociales ha provocado el confinamiento.

Desde nuestra formación instamos a que se inyectase liquidez a Esisa para ayudar con las rentas en estos tiempos de profunda crisis. El 2 de abril se decreta una operación de tesorería por 280.000 euros, aportación que debe reintegrar, devolver la empresa al ayuntamiento en el plazo de un año a medida que se le vayan transfiriendo cantidades en función de sus necesidades de tesorería. Decisión que consideramos oportuna pero escasa pues responde al cumplimiento de una serie de pagos que tenía pendientes la empresa con terceros. Ni un céntimo de euro para reducir las rentas en lo más mínimo y que por tanto esas familias afectadas puedan destinar recursos al pago de otras necesidades esenciales.

A lo que abunda el propio Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, que obliga en su artículo 4.º a los grandes tenedores y entidades públicas de vivienda como Esisa a elegir entre aplazar el pago o reducir en un 50% la renta de los hogares en situación de vulnerabilidad. Esta segunda opción de verdadero compromiso social que el Estado ofrece ha sido ignorada por el gobierno municipal. Pero aún estamos a tiempo de rectificar pues la normativa permite ampliar dicha reducción de la renta cuatro meses más allá del Estado de Alarma, es decir, para los meses de julio a octubre.

Por otra parte, todavía esperamos la convocatoria de la línea municipal de subvenciones para ayudar a las familias vulnerables en el pago de las rentas de las viviendas públicas o de otra naturaleza. Muchos hogares no pueden hacer frente a esta obligación que también supone que haya arrendadores que ven igualmente mermados sus ingresos. Recordar que desde el presupuesto de 2018 existe una partida de 100.000 euros para este fin.

Finalmente, las circunstancias obligan a contar con un plan extraordinario de vivienda para familias en riesgo de exclusión social que ponga marcha cuanto antes la construcción de promociones de vivienda pública protegida, así como la adquisición pública de viviendas por parte del ayuntamiento para destinarlas en ambos casos a alquiler social. Así cumplimos un doble objetivo: acceso a una vivienda digna como derecho fundamental y dinamización económica del sector de la construcción.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí, propone la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero: instar al Equipo de Gobierno a que adopte las medidas administrativas oportunas para decretar la reducción del cincuenta por ciento de las rentas de las viviendas municipales de inquilinos en situación de vulnerabilidad durante los cuatro meses posteriores a la finalización del Estado de Alarma, es decir, los meses de julio a octubre del presente año, conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo.

Segundo: instar al Equipo de Gobierno a que adopte las medidas administrativas oportunas para publicar la convocatoria de ayudas al pago de las rentas de alquiler para familias vulnerables.

Tercero: instar al Equipo de Gobierno a que adopte las medidas administrativas oportunas para aprobar un plan extraordinario de vivienda pública para alquiler social.