Los sindicatos policiales mantienen un conflicto abierto con el equipo de gobierno, al que acusan de inacción, falta de soluciones y de una situación prolongada de deterioro en los servicios públicos municipales, que, según denuncian, no solo persiste sino que se agrava con el paso del tiempo.

Ante estas irregularidades la plantilla se movilizó un vez más para denunciar lo que consideran una situación que no responde a un problema puntual de gestión, sino a un posible incumplimiento sistemático del ordenamiento jurídico vigente, con afección directa al funcionamiento de los servicios públicos y a los derechos de los empleados municipales.

Durante la concentración, la plantilla expuso un total de nueve reivindicaciones principales, entre ellas el déficit estructural de plantilla, posibles irregularidades en el acceso al empleo público, la falta de uniformidad policial desde 2022 y la ausencia de un sistema de prevención de riesgos laborales plenamente desarrollado.

También denunciaron la inexistencia de regulación de la segunda actividad, deficiencias en las instalaciones policiales, la falta de adaptación de puestos de trabajo, una valoración de puestos de trabajo obsoleta y la existencia de facturas pendientes de pago a letrados durante años.

Los sindicatos añadieron que esta situación afecta de forma directa al funcionamiento del servicio y a los derechos laborales de la plantilla, al tiempo que reiteraron su compromiso con la defensa de los trabajadores y del interés general de la ciudadanía frente a lo que consideran vulneraciones de la legalidad.

Asimismo, anuncian la intensificación de las movilizaciones y la interposición de nuevas denuncias ante la Inspección de Trabajo, la jurisdicción contencioso-administrativa y otros organismos de control, incluyendo el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Los representantes sindicales advierten que "continuaremos ejerciendo todas las acciones legales necesarias hasta que el equipo de gobierno adopte medidas reales, se cumpla la legalidad vigente y se garantice el correcto funcionamiento de los servicios públicos", concluyen.