Los populares también solicitarán mayor control sobre la plica del mantenimiento de jardines, y la adopción de medidas para hacer la ciudad más accesible.

El presidente del PP isleño, José Loaiza, ha presentado las tres mociones que su formación política ha elevado al pleno municipal para su debate en la sesión del próximo jueves.

APOYO A LA POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

La primera de estas propuestas plenarias, el PP solicitará el apoyo y respaldo de los grupos municipales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la exposición de motivos la moción afirma que desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos.

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas.

Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos.

Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo.

Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno de San Fernando la adopción del siguiente acuerdo:

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando muestra su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando expresa su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia.

Instar al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.

Trasladar estos acuerdos al Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y del Interior del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando insta al Gobierno de España incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

La segunda de las mociones del PP busca el control del pleno respecto a la adjudicación del servicio de mantenimiento de los parques y jardines del municipio. La propuesta expone que dentro de las competencias atribuidas al municipio, se encuentran las recogidas en el apartado b) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, literal: “Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas”.

Como consecuencia de lo anterior, se ha de licitar el Contrato de servicio de mantenimiento de parques, jardines y arbolado en el término municipal de San Fernando.

Actualmente se encuentra en fase de licitación, pendiente en esta primera fase, de la presentación de ofertas, y cuyo plazo finaliza el próximo día 29 de septiembre, estando prevista la apertura de plicas el día 05 de octubre.

El presupuesto de licitación, según la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas, asciende, IVA incluido, para el periodo de los primeros cuatro años, a la cantidad de 5.336.728,24.-€.

El valor estimado, según la cláusula 5 del mismo pliego, asciende para la totalidad de contrato incluida prórrogas, a la cantidad de 9.606.110,83.-€, IVA incluido.

Según la Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, reflejada en la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas,  la competencia, en su condición de Órgano de Contratación, es del Pleno Municipal, y es por la importancia del Contrato, objeto de esta Moción, por lo que no debe salir de ahí, por lo que no es para nada aconsejable delegar dicha obligación.

A nadie se nos escapa la falta de transparencia del gobierno formado por el Partido Socialista y andalucistas, liderados por la Patricia Cavada y Fran Romero. Ello, no solo debe preocupar a los grupos políticos de la oposición, sino, también, a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad.

Igualmente, el control y seguimiento de la jardinería de nuestra ciudad, desde que gobierna este bipartito, es tan negligente, que ha generado la más absoluta repulsa de los vecinos. Basta con observar lo que dicen los medios de comunicación y redes sociales, para comprobarlo.

Es por ello, que no sería serio ni responsable por parte de los concejales de la oposición aprobar la delegación de competencias, pues seríamos corresponsables de la mala gestión que por parte del bipartito Socialistas – Andalucistas, se prevé.

En otro orden de cosas, hemos de recordar lo que la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas recoge en lo referido a la clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación, que no es otra cosa que  lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, la mesa de contratación formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, recordemos, el Pleno, quien lo aprobará o no. En el supuesto de que se apartase de dicha propuesta, deberá motivar su decisión conforme al punto 2 del mismo artículo.

Esta mesa de contratación está formada por técnicos municipales, y habilitados nacionales, pero también por un concejal del gobierno de la ciudad, en este caso del Grupo Socialista. Nada que objetar a ello.

Los grupos de la oposición, representado por uno de sus miembros, desde que el Partido Popular gobernó en el mandato anterior, asisten a dichas mesas de contratación, no obstante, no tienen ni voz ni voto.

Pues bien, para que el pleno pueda hacer correctamente su trabajo, como Órgano de Contratación, se hace necesario, que todos los Concejales que lo conforman tengan acceso a toda la documentación y a todos los trámites, en el mismo momento que el gobierno de la ciudad, ya que en caso contrario se estaría obstaculizando por el gobierno bipartito socialistas – andalucistas las funciones propias encomendadas por la Ley de Contratos del Sector Público.

Viendo la falta de transparencia de este gobierno, como ya decíamos antes, mucho nos tememos que esta será la actitud de la Sra. Cavada y del Sr. Romero.

Igualmente, debemos prestar atención a lo que dispone la cláusula 62 del Pliego de Prescripciones técnicas en lo referido a las campañas informativas  y concienciación. En dicha cláusula, en su punto 6 se determina la cantidad económica que el adjudicatario deberá tener a disposición del Ayuntamiento para estas campañas, pudiendo ser, para el supuesto de toda la vida posible del contrato, de 192.122,22.-€.

Pues bien, para un correcto control de dicha cuantía, en lo referido a la aprobación del gasto, deberá serlo a través de aprobación Plenaria, toda vez que el pleno es el Órgano de Contratación,  previa propuesta de los servicios técnicos municipales y con la correspondiente fiscalización por parte de la Intervención Municipal.

Por todo lo expuesto, se propone instar al gobierno municipal a permitir que todos y cada uno de los concejales de este Pleno tengan acceso a toda la documentación y trámites referidos a la licitación y posterior contrato, en el mismo momento en que lo tenga el Gobierno de la ciudad. Y a que, en lo referido a la aprobación del gasto a los que hace referencia la cláusula 62 del Pliego de Prescripciones Técnicas ‘Campañas informativas y concienciación’, deba serlo a través de aprobación Plenaria, toda vez que el Pleno es el Órgano de Contratación, previa propuesta de los servicios técnicos municipales y con la correspondiente fiscalización por parte de la Intervención Municipal, para posteriormente seguir la metodología de la propia Ley de Contratos del Sector Público, en lo referido a la petición de ofertas.

CIUDAD ACCESIBLE

La última de las propuestas del PP al pleno hace referencia a la accesibilidad como una garantía de igualdad entre todos los isleños. Loaiza pedirá al gobierno de PSOE y andalucistas a adoptar las medidas administrativas oportunas que permitan cumplir en el ámbitos de sus competencias, con lo dispuesto en la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana cuyo plazo acaba el 4 de diciembre de este año.

También solicita iniciar los trámites administrativos oportunos para reincorporar a las celebraciones del Pleno los intérpretes de lenguaje de signos, cumpliendo así lo aprobado en su día por este Pleno Municipal.

En la exposición de motivos, el PP recuerda que un gran número de isleños presentan una discapacidad. La obligación de las instituciones es garantizar el ejercicio de todos y cada uno de los derechos reconocidos s cualquier ciudadano interviniendo precisamente para remover cuantos condicionantes puedan interferir negativamente en dicho ejercicio.

Las administraciones tiene pues el deben de trabajar para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, asegurando una verdadera igualdad de oportunidades. Pero para que ello sea posible es necesario que se eliminen las barreras arquitectónicas, laborales, sociales  y de la comunicación.

Aunque en la anterior mandato corporativo se puso en marcha un plan de eliminación de barreras arquitectónicas que se vio suspendido con el cambio de gobierno, es evidente que San Fernando sigue habiendo muchas barreras y por ello es necesario que se aborden la eliminación de las mismas  para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida y se  favorezca su incorporación plena.

Afortunadamente en nuestra ciudad existen numerosas asociaciones que desarrollan un papel fundamental de cara a esta integración en igualdad; esta labor tiene que tener un compromiso real de acompañamiento y auxilio de la administración local que debe mejorar cada día los canales de interlocución y colaboración con estas entidades.

Es necesario que las administraciones cumplan la legalidad vigente. La ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, marca como plazo máximo el 4 de diciembre de 2017 para garantizar que todo espacio y edificio público sea accesible

Faltan apenas dos meses para que los espacios municipales estén adaptados y no lo están. Son  innumerables los ejemplos que podríamos poner sobre lo necesario que hubiera sido haber continuado con el plan de accesibilidad que fue inexplicablemente suspendido y que hoy podría arrojar un balance bien distinto. El acceso a la oficina de atención al ciudadano de la calle Isaac Peral sirve para ilustrar lo que se está comentando.