3R se congratula que el Defensor del Pueblo Andaluz haya admitido a trámite su denuncia, tras los “graves incidentes ocurridos en la calle San Marcos, semanas atrás, donde incluso se atisbó en sustraerle el arma de fuego reglamentaria a una dotación de la policía local, causa-efecto de las graves carencias que está sufriendo la misma, no sólo en medios materiales, sino también en los recursos humanos de la misma, con una plantilla que no cumple con las ratios y estándares de seguridad para 96.000 isleños y que inclusive se llega a ignorar las mismísimas recomendaciones del Ministerio del Interior, de acuerdo al nivel de alerta antiterrorista que sufre el país en su conjunto, como no contar con chalecos antibalas para el completo de la dotación, a nivel de ejemplo y que esta formación política pudo conocer en una reunión mantenida con los sindicatos policiales CSIF-SPLI,que tuvo como objeto, tener conocimiento exacto de los hechos ocurridos y las demandas de este colectivo”.

Manifiestan que “dentro del paquete de iniciativas que este partido político ha puesto en marcha, aparte de pedir la intervención urgente de la Alcaldesa de la ciudad, no solo a través de los medios de comunicación, sino peticionada vía registro oficial, de la cual esta partido no ha tenido respuesta alguna a pesar de los días transcurridos y de la gravedad y alcance de este asunto, que deja ver una vez más que la Regidora ya se le acumulan sus ineficacias para resolver los problemas de la ciudadanía e ignorando sus obligaciones. En la dirección opuesta, el Comisionado del Parlamento de Andalucia,el Defensor del Pueblo Andaluz-DPA-ha admitido a trámite las denuncias que este partido político le ha transmitido de las carencias, necesidades y requerimientos que este cuerpo policial necesita para cumplir sus funciones para con los isleños y su seguridad. Igualmente, 3R ha cursado petición expresa al nuevo Subdelegado del Gobierno de la nación, de poder ser recibido, con objeto de hacerle coparticipe de este asunto e implicarlo en la solución de la misma, como máximo responsable en Seguridad Ciudadana en la provincia”.

Creen que “Cavada consolidará su dejación de funciones, en este asunto, que implica hacerlo en un pilar básico de la política municipal y de cualquier servidor público que se “precie de tal”, y que pueda suponer, que usted no sea capaz de garantizar un derecho fundamental de la ciudadania,como es su propia seguridad, la sociedad isleña en su conjunto debería de reprobarla, porque en un asunto tan transversal como este, no acaben atajos ideológicos ni de cualquier otro orden que pudiera justificarla, sino verdadera incapacidad política y la segunda lectura de rigor, que se desprende, sería la confirmación del lamentable estado de las cuentas públicas, para llevarnos a estos extremos”. 3R,le exige que revierta esta situación y con la mayor urgencia posible.