Pareja de policías locales en la Feria

El sindicato asegura que un documento interno con nombres, puestos y turnos de trabajo fue distribuido en dependencias de la Jefatura y compartido por WhatsApp, por lo que ha solicitado una investigación al Ayuntamiento y ha llevado el caso al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

El Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía (SIP-AN) ha denunciado la difusión de un documento interno del Ayuntamiento de San Fernando que, según afirma, contenía datos personales de 30 agentes de la Policía Local y fue distribuido tanto en distintas dependencias de la Jefatura como a través de grupos y mensajes de WhatsApp.

Según explica la organización sindical en un comunicado, el documento incluía el nombre y apellidos de los agentes, el puesto o rango que ocupan en la plantilla y los días de trabajo asignados. SIP-AN sostiene que esta información debía permanecer bajo estricta confidencialidad y que su divulgación ha perjudicado directamente a los policías afectados.

El sindicato considera que los hechos revisten "una extraordinaria gravedad", al entender que podrían suponer un incumplimiento de las obligaciones de custodia y confidencialidad que corresponden al Ayuntamiento como responsable del tratamiento de los datos personales.

Ante esta situación, SIP-AN ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, además de un escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en el que solicita que se investigue una posible brecha de seguridad.

Asimismo, ha pedido a la alcaldesa, Patricia Cavada, la apertura de un expediente informativo y, en su caso, disciplinario para esclarecer cómo se produjo la difusión del documento y determinar las posibles responsabilidades.

En opinión del sindicato, el hecho de que la documentación fuera reproducida y compartida por diferentes canales hace necesario investigar el origen de la filtración, quién facilitó el documento y quién participó en su distribución.

SIP-AN recuerda que la protección de los datos personales de los empleados públicos constituye una obligación legal de las administraciones públicas y asegura que continuará ejerciendo las acciones administrativas y legales que considere oportunas hasta que se esclarezcan los hechos y, en su caso, se depuren las responsabilidades correspondientes.