La Justicia condena al Ayuntamiento de San Fernando a indemnizar a un policÃa local lesionado en servicio
Un coche patrulla de la PolicÃa Local frente al Ayuntamiento de San Fernando - El Castillo de San Fernando
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz ha condenado al Ayuntamiento de San Fernando a indemnizar a un agente de la PolicÃa Local que sufrió lesiones durante una intervención en acto de servicio, después de que el agresor fuera declarado insolvente. La sentencia, ya firme, estima Ãntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial subsidiaria presentada por el funcionario.
La sentencia número 155/2026, dictada el pasado 20 de julio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, obliga al Ayuntamiento de San Fernando a abonar al agente la indemnización correspondiente, además de los intereses legales devengados y las costas del procedimiento.
El caso se remonta a una intervención policial en la que el funcionario resultó lesionado durante el ejercicio de sus funciones. Los hechos dieron lugar a un procedimiento penal que concluyó con la condena del agresor, al que también se impuso el pago de una indemnización a favor del policÃa. Sin embargo, al ser declarado insolvente, dicha compensación nunca llegó a abonarse.
Ante esta situación, el agente presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial subsidiaria al Ayuntamiento de San Fernando, amparándose en el principio de indemnidad reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según el cual las administraciones públicas deben resarcir a sus empleados por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones cuando no exista culpa o negligencia por su parte.
Según ha informado el Sindicato Independiente de la PolicÃa de AndalucÃa (SIP-AN), el Consistorio desestimó inicialmente dicha reclamación, lo que obligó al afectado a acudir a la vÃa contencioso-administrativa para hacer valer sus derechos.
La resolución judicial estima Ãntegramente la demanda y condena al Ayuntamiento a asumir el pago de la indemnización, además de los intereses legales y las costas procesales. La sentencia es firme y no cabe recurso contra la misma.
Para SIP-AN, este nuevo pronunciamiento judicial supone "un importante respaldo a la protección jurÃdica de los agentes" y reafirma la obligación de las administraciones públicas de responder cuando un funcionario resulta lesionado en acto de servicio y el responsable de los hechos no puede hacer frente a la indemnización por encontrarse en situación de insolvencia.
El sindicato ha trasladado su felicitación al agente por la defensa de sus derechos, asà como a la sección sindical de San Fernando por el trabajo desarrollado durante el procedimiento. Asimismo, ha reconocido la labor del despacho de abogados de Alberto Prián, cuya dirección jurÃdica, según la organización, ha resultado determinante para obtener esta resolución favorable.
