Fotograma del vídeo de la protesta a las puertas del Ayuntamiento de San Fernando - Sip-An Sección Sindical San Fernando

SPLI y SIP-AN, sindicatos policiales, han denunciado públicamente un nuevo episodio que califican de grave e inadmisible en la gestión del personal de la Policía Local. Según exponen, varios agentes en prácticas fueron enviados a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía sin que se hubiera tramitado previamente su alta en la Seguridad Social, permaneciendo durante varios días sin cobertura legal ni protección laboral.

A juicio de las organizaciones sindicales, los hechos son directamente imputables al Jefe de la Policía Local y a la Delegada de Seguridad Ciudadana, como responsables de la gestión, control y supervisión del personal del cuerpo. “No se trata de un trámite menor, sino de una obligación básica, previa y perfectamente conocida antes del inicio de cualquier actividad formativa”, subrayan.

Los sindicatos rechazan que lo sucedido pueda calificarse como un error puntual y sostienen que responde a una falta grave de previsión, control y diligencia, ya que ambos responsables tenían conocimiento directo del inicio del curso y, pese a ello, no se garantizó la correcta tramitación administrativa antes de la incorporación efectiva de los agentes.

La situación resulta especialmente grave al afectar a un colectivo expuesto a riesgos inherentes a la actividad policial, advirtiendo de que cualquier incidente ocurrido durante esos días habría dejado a los agentes en una situación de absoluta indefensión administrativa y jurídica, con consecuencias de enorme trascendencia para los propios afectados y para la institución.

Las organizaciones sindicales aclaran que el intento posterior de solventar el problema mediante altas con carácter retroactivo no elimina la gravedad de los hechos ni la responsabilidad contraída, ya que la obligación de tramitar el alta es previa al inicio de la actividad, clara e inexcusable.

Por todo ello, los sindicatos policiales exigen de forma inmediata y concreta:

La regularización íntegra de las cotizaciones de los agentes afectados desde el día real de inicio del curso.
La asunción de responsabilidades políticas y técnicas por parte de los cargos implicados.
La apertura de una revisión interna de los procedimientos de incorporación de personal.
La implantación obligatoria de protocolos escritos y coordinados entre la Jefatura de Policía, la Delegación de Seguridad Ciudadana y el Área de Recursos Humanos, que garanticen que ningún agente se incorpora a formación o servicio sin tener previamente regularizada su situación administrativa y de Seguridad Social.

Asimismo, los sindicatos advierten de que este episodio confirma una dinámica preocupante de deficiencias reiteradas en la gestión del personal, por lo que no descartan emprender acciones legales para depurar responsabilidades si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces.

Finalmente, las organizaciones sindicales anuncian que no van a tolerar más negligencias que pongan en riesgo los derechos, la seguridad y la dignidad profesional de la Policía Local, y que actuarán con la máxima firmeza sindical, institucional y jurídica ante cualquier nueva irregularidad.