Fue necesario denunciar ante el Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía para que el gobierno de Cavada facilitase el informe que encargó a la consultora PWACS sobre la futura gestión del servicio de abastecimiento de agua en La Isla.

Dicho informe, basado en el estudio entre los años 2016 y 2020, defiende un modelo mixto (público-privado) de gestión que muestra notables contradicciones respecto a lo que anuncia Cavada.

Izquierda Unida y la Plataforma 3R (que fue quien accedió al documento tras denunciar al Consejo de Transparencia) informan que, según los datos, el servicio de aguas se hallaba en pérdidas: una media anual de 6,5%, y un 14% en 2020.

Sin embargo, y a pesar de la situación de pérdidas, la alcaldesa Patricia Cavada dice que existe solvencia a la hora de aplicar el modelo que defiende para el servicio de abastecimiento de agua en La Isla. Y lo afirma sin aportar datos que avalen tal circunstancia.

Tanto Izquierda Unida como la Plataforma 3R exigen aclaración sobre el llamado "consumo municipal gratuito". Sobre este concepto, se afirma que la empresa concesionaria, desde el inicio del contrato, no le pasa factura al consumo del Ayuntamiento. "Entendemos que es un trato de favor para asegurar la continuidad de la concesionaria en la renovación del contrato. El comercio local y la ciudadanía sí paga la factura del agua y asume sus subidas anuales", afirma Gonzalo Alías, candidato de Izquierda Unida.

El informe constata que el 95% de los contadores de agua de la ciudad cumplen con la Ley. Con un porcentaje de cumplimiento tan alto, IU-La Isla y 3R cuestionan la urgencia y la necesidad de sustituirlos por contadores digitales (el "Plan Hidralia" como lo denominó cierta prensa), sobre todo cuando hay otras urgencias que atender en políticas de abastecimiento de agua. Por ejemplo, el informe alerta que no existe un sistema de abastecimiento municipal con depósitos de almacenamiento. Esto significa que La Isla depende de la capacidad de los depósitos de Camposoto, la cual es compartida con el municipio de Cádiz. La consecuencia de esto es que, en el mejor de los casos, no se superan las 24 horas de autonomía en caso de avería en la línea de alta.

Izquierda Unida ya denunció que la intervención de Conrado Rodríguez, en el último pleno extraordinario, estaba basada en medias verdades para justificar un modelo en el que la gestión privada se queda con el valor tecnológico.

Sin embargo, no se ha propuesto por parte del Gobierno local el uso de los fondos del PERTE para terminar de mejorar el 35% de la línea de abastecimiento de agua en la ciudad, que aún es de fibrocemento, un material que no cumple con la normativa de seguridad en materia sanitaria pública. Tampoco se han planteado soluciones para eliminar las 81 fosas sépticas o el sistema circular del alcantarillado, donde el informe de la empresa PWACS indica que es deficitario y tiene mucho coste energético.

3R e IU solicitan que se ponga sobre la mesa toda la información sobre el coste del servicio de agua, que se aclaren las contradicciones del informe, así como incluir en la definición del servicio municipal el valor del Derecho Humano del Agua, de la Directrices Europeas y el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº6 de la Agenda 2030, que tanto gusta a Conrado Rodríguez nombrar y a López Gil cobrar.

Por último, en lo que afecta al personal del servicio, IU-La Isla y 3R piden la unificación de los convenios conservando las condiciones más ventajosas para la plantilla. Actualmente existen dos convenios de aplicación y se encuentra abierto un procedimiento judicial contra la concesionaria.