Un juzgado ha vuelto a dar la razón a CSIF en un caso contra el Ayuntamiento de San Fernando por obligar a empleados municipales a realizar funciones de superior categoría a coste cero. Es la quinta sentencia emitida en favor de empleados municipales por esta cuestión, en la que los trabajadores ejercen, de forma recurrente, labores que no les corresponden y sin cobrar lo estipulado para tal categoría.

Concretamente, la sentencia emitida por el juzgado de los Social número 2 de Cádiz supone un coste para el Ayuntamiento de unos 13.000 euros por la diferencia salarial no abonada durante un año al empleado municipal afectado (la diferencia entre lo que cobró y lo que debería haber cobrado por el trabajo realizado).

De esta manera, la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento isleño entiende que “es la Justicia la que está poniendo coto al desbarajuste existente en materia de personal de este equipo de Gobierno, quedando claro que es ilegal y abusivo utilizar a los trabajadores para que lleven a cabo labores que no les corresponden por categoría y sin cobrar por ello”.

Actualmente, aún hay más de diez juicios pendientes por esta misma cuestión, con lo que la Central Sindical pide cordura al Gobierno local para que desarrolle una política de personal que sea racional y legal. Más allá del sobrecoste económico que le supone al Ayuntamiento estas causas judiciales, también se genera malestar entre los propios empleados municipales, afectando de manera negativa incluso a los servicios públicos, cada vez más mermados y que obliga en multitud de ocasiones a que sean empresas privadas las que tengan que realizar funciones que son competencia municipal, con el lógico perjuicio económico que supone.

CSIF muestra su satisfacción por este nuevo logro judicial, aunque lamenta que no haya forma de evitar por la vía de la negociación el tener que acudir a los tribunales. De hecho, para la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, la única negociación que lleva a cabo este equipo de Gobierno “es a la carta, dirigida únicamente a parchear las evidentes carencias de personal y buscando sólo un rédito político a corto plazo, como se demuestra en la aprobación de Ofertas de Empleo Público, con sus correspondientes bases, sin haberse molestado siquiera en saber cuáles son las necesidades reales de la plantilla y, por ende, de los servicios públicos municipales.