El partido político 3R, ha decidido denunciar ante el Fiscal Superior de Andalucía el traslado de la Alcaldía al Museo Histórico de San Fernando, “tras un año y medio de constante lucha, para que la regidora de la ciudad reconsiderara su posición de desmantelar el Museo Histórico de San Fernando, de llevarlo a un colegio abandonado, figura que no existe entre las que figura en la Ley de Museos de Andalucía y que se ha querido darle cuerpo legal, con un remozado de esas instalaciones, algo que roza el esperpento en términos legales y que para terminar el circulo, más de un año y medio después continua sin contar con autorización de la musealización del Castillo de San Romualdo, algo que nos certificaba semanas atrás el propio delegado territorial de Cultura de Cádiz·.

La formación política abunda sobre la gestión de Patricia Cavada en que “como colofón, la primera edil de la ciudad, después de largos meses de dudas, dado que pudiere conocer la importancia, de meter un despacho de Alcaldía y anexos de instalaciones municipales, en nada más y nada menos, que en un Museo, porqué la Calle Real Nº 63 es un Museo, según dice la Administración Publica, que tiene competencias en ello y en un Registro Público, dígase la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y no se puede hacer otro uso de él, hasta que no deje de serlo, algo que no se ha producido y que para rematar ha utilizado un cuarto de millón de dinero publico, a sabiendas de todo lo anterior, por lo que nos lleva a buscar a un interlocutor que nos arroje luz, de toda esta cadena de actuaciones y que no puede ser otro, que el Ministerio Publico, que la Fiscalía y que en este caso, por el nivel de competencias, nos lleva a que sea la Fiscalía Superior de Andalucía, adscrita al Tribunal Superior de Andalucía-TSJA-el que determinará si esto se ajusta o derecho o no”.

3R considera que “es de obligación, como partido político, que contamos con el aval de la sociedad civil isleña, que ha manifestado su repulsa a esta actuación, que contamos con el aval que pueda desprenderse, que toda la oposición política,en su totalidad ha mostrado igualmente su rechazo a esta “ignominia cultural”, en Pleno y hacemos uso de todos los instrumentos que nos proporciona, el paraguas del Principio de legalidad, ese al que está sometido todo los ciudadanos, incluido los responsables políticos de cualquier ayuntamiento, entre ellos, el de San Fernando”.