El PP cuestiona un préstamo de 12,75 millones que Cavada decidió amortizar solo 89 días después

Inmaculada Marín critica el coste financiero de una operación que consume 12,47 millones del remanente cuando esos recursos podían abrir una oportunidad para invertir en vivienda pública

El Partido Popular (PP) ha cuestionado la decisión del gobierno del PSOE de Patricia Cavada de destinar 12.471.132 euros del remanente de tesorería a cancelar anticipadamente dos préstamos contratados apenas tres meses antes, justo cuando la nueva normativa estatal abre a los ayuntamientos la posibilidad de utilizar estos recursos municipales para inversiones en la construcción de vivienda pública.

La concejala popular Inmaculada Marín considera que la operación plantea una pregunta muy sencilla. “Si en abril necesitas pedir prestados 12,75 millones de euros a diez años y en julio tienes dinero suficiente para devolver prácticamente todo el préstamo, ¿era realmente necesario pedirlo?”, señaló.

Los datos figuran en el propio expediente municipal. Los dos créditos fueron formalizados con una entidad bancaria el 8 de abril de 2026, por un importe conjunto de 12.756.303,04 euros y con vencimiento previsto para el 8 de julio de 2036.

Sin embargo, el 6 de julio, solo 89 días después, el ejecutivo municipal inició el procedimiento para su amortización anticipada. En ese momento quedaban pendientes 12.471.132,04 euros, que se cancelan con cargo a un remanente de tesorería cifrado en 16.172.661,40 euros.

Es decir, Cavada destina a eliminar una deuda recién contraída el equivalente a aproximadamente el 77% del remanente municipal.

Para Marín, “no estamos hablando simplemente de una operación contable. Estamos hablando de pedir casi 13 millones de euros prestados, pagar intereses por ellos y, menos de tres meses después, utilizar los ahorros municipales para devolverlos”.

Los préstamos estaban referenciados al Euríbor a 90 días más un diferencial del 0,15%, por lo que durante el tiempo que han permanecido vigentes han generado un coste financiero. “Si el dinero se pide para diez años y 89 días después decides devolverlo porque dispones de recursos suficientes, el gobierno tiene que explicar por qué fue necesario endeudarse y cuánto dinero público nos ha costado una operación de tan corta duración”, señaló Marín.

La edil popular considera que también hay que explicar a los isleños el mecanismo financiero empleado. Los remanentes municipales no constituyen una bolsa de dinero de libre disposición para financiar cualquier gasto. Su utilización está condicionada por las reglas de estabilidad presupuestaria y, con carácter general, la Ley Orgánica 2/2012 contempla la reducción del endeudamiento entre los destinos del superávit.

Para el PP, esa limitación ayuda a entender la secuencia seguida por el gobierno socialista: primero se genera deuda para financiar determinadas inversiones y después se utiliza el remanente para cancelar esa misma deuda.

“Cavada contrae primero una deuda de 12,75 millones para financiar sus proyectos y, apenas tres meses después, emplea 12,47 millones de los ahorros municipales para hacerla desaparecer. Entre una decisión y otra, el Ayuntamiento ha tenido que pagar intereses”, explicó Marín.

A juicio de la concejala, “aunque la amortización tenga encaje presupuestario, esta forma de actuar desvirtúa la finalidad de unas reglas que limitan el uso de los remanentes. Se crea una deuda que dura apenas unos meses, se financian con ella determinadas actuaciones y después se consume el remanente para volver a dejar la deuda a cero”.

“Por eso la pregunta sigue siendo la misma: ¿para qué pedir 12,75 millones a diez años y asumir un coste cercano a los 100.000 euros en intereses si 89 días después se decide devolver prácticamente todo porque había recursos suficientes? Eso es lo que Cavada tiene que explicar”.

El PP señala que la cifra de intereses es una estimación y reclama al gobierno municipal que haga pública la liquidación definitiva de la operación para conocer su coste exacto.

12,47 millones de remanente y una oportunidad para la vivienda

Para los populares, el asunto adquiere todavía mayor relevancia por el momento en que Cavada decide qué hacer con esos recursos. Desde junio está en vigor una normativa estatal que permite, bajo determinadas condiciones, que los ayuntamientos utilicen superávit y remanentes para inversiones y contempla expresamente las destinadas a vivienda.

“Y precisamente cuando se abre esa posibilidad, Cavada decide utilizar 12,47 millones para cancelar unos préstamos que ella misma había contratado 89 días antes”, afirmó Marín.

La concejala considera que ahí está “la verdadera cuestión política: qué hace un gobierno cuando llega el momento de elegir sus prioridades”. San Fernando arrastra desde hace años una grave escasez de vivienda asequible, especialmente para jóvenes y familias que quieren iniciar un proyecto de vida independiente. Para Marín, esa falta de oferta, unida a las dificultades laborales, hace cada vez más complicado que muchos isleños puedan echar raíces en su propia ciudad.

“Tenemos jóvenes que quieren independizarse y no encuentran vivienda a precios asumibles; familias para las que comprar se ha convertido en algo prácticamente inaccesible y personas que terminan buscando fuera de San Fernando las oportunidades de vivienda y empleo que aquí no encuentran. Ante esa realidad, disponer de millones de euros extraordinarios debería haber llevado al gobierno a estudiar seriamente hasta dónde podía llegar con ellos en materia de vivienda”.

El PP entiende que esos 12,47 millones empleados en amortizar los préstamos representaban una oportunidad extraordinaria para analizar nuevas promociones de vivienda pública, adquisición de suelo, rehabilitación u otras actuaciones que, dentro de las posibilidades legales, permitieran aumentar la oferta residencial asequible.

“Cavada ha preferido cancelar una deuda que ella misma acababa de crear antes que explorar hasta dónde podía llegar San Fernando aprovechando esos recursos para afrontar uno de nuestros principales problemas”, afirmó Marín.

Para la representante popular existe, además, una contradicción política evidente. “El PSOE habla constantemente de vivienda. Cavada habla de vivienda. Pero las prioridades de un gobierno no se conocen por sus discursos, sino cuando tiene que decidir dónde pone el dinero”.

Marín reclamó al ejecutivo del PSOE que aclare por qué fue necesario contratar los préstamos, cuánto se ha pagado exactamente en intereses y qué alternativas de inversión se estudiaron antes de emplear 12,47 millones del remanente en su amortización.

“No cuestionamos la legalidad de amortizar deuda. Cuestionamos la lógica de pedir casi 13 millones a diez años para devolverlos 89 días después, después de haber generado un gasto financiero que podía haberse evitado”.

“Y, sobre todo, cuestionamos la prioridad. Mientras San Fernando necesita vivienda asequible para que sus jóvenes y sus familias puedan quedarse aquí, 12,47 millones de euros del remanente se han destinado a cancelar una deuda que apenas tenía tres meses de vida”.

Para la edil del PP, “ese es el balance: un préstamo difícil de justificar, un coste financiero que podía haberse evitado y 12,47 millones de remanente que Cavada ha decidido emplear en cancelar una deuda recién creada cuando San Fernando necesita afrontar con mucha más ambición su problema de vivienda”.