Palacio de Justicia de Cádiz

El juicio se celebrara entre los meses de septiembre y octubre de 2026

La Audiencia Provincial de Cádiz acogerá en los próximos meses la vista oral por el desfalco de la Caja Municipal de San Fernando, un procedimiento que sigue abierto casi 17 años después de que se detectara la desaparición de hasta 7,8 millones de euros de las arcas municipales. En la comparecencia previa de conformidad celebrada el 14 de abril de 2026 todas las partes han rechazado cualquier posible acuerdo, lo que confirma la celebración del juicio penal con varios acusados principales.

Entre ellos se encuentran el antiguo cajero municipal, Clemente Ruiz, para quien la Fiscalía solicita 16 años de prisión, y la funcionaria María José Lebrero, para quien se piden doce años, además de otras tres personas procesadas. La Fiscalía mantiene, además, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas debido al prolongado tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento.

El juicio ya cuenta con fechas fijadas en la Audiencia Provincial de Cádiz, con sesiones programadas para los días 21 y 22 de septiembre y 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de octubre.

El caso se remonta al 1 de abril de 2009, cuando el entonces alcalde Manuel María de Bernardo presentó la denuncia tras recibir información del interventor y la tesorera municipal sobre irregularidades en la Caja Municipal, ubicada en las oficinas de Hacienda del Ayuntamiento. La investigación determinó que los hechos se habrían producido entre 2002 y 2009, con movimientos irregulares continuados durante años.

En una de las últimas fases del procedimiento penal, la Fiscalía sostiene que los acusados habrían utilizado mecanismos de manipulación contable para justificar descuadres de caja, lo que permitió la sustracción progresiva de fondos públicos. También se ha investigado la posible utilización de estructuras interpuestas y el entorno personal de algunos de los principales implicados, aunque parte de estas líneas de investigación ha resultado compleja por la falta de localización de testigos en el extranjero.

Paralelamente, el caso ya tuvo un importante pronunciamiento del Tribunal de Cuentas en 2013, que consideró responsables directos a los dos excajeros y estableció responsabilidades subsidiarias para los entonces alcaldes Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno Olmedo, así como para interventores y la tesorera municipal, con cantidades económicas que oscilaron entre los 29.000 y los 67.000 euros. De Bernardo llegó a dimitir como concejal tras la resolución, defendiendo en todo momento su inocencia y anunciando recurso.

A lo largo de los años posteriores, se han sucedido nuevas derivadas judiciales y administrativas, incluyendo imputaciones a personal técnico municipal y actuaciones relacionadas con posibles delitos de blanqueo de capitales vinculados al entorno de uno de los principales acusados.

En 2015, el juzgado llegó a imputar al interventor y a la tesorera, mientras que en 2019 la Cámara de Cuentas detectó nuevas anomalías en la gestión de ingresos del Ayuntamiento por valor superior a 1,5 millones de euros, reabriendo el debate sobre los controles internos de la administración local.

El proceso ha estado marcado por una prolongación excepcional, hasta el punto de que la Fiscalía ha reconocido expresamente la concurrencia de dilaciones indebidas. De hecho, el pasado 1 de abril se cumplieron 17 años desde la comisión de los hechos inicialmente denunciados, sin que hasta la fecha se haya recuperado el dinero desaparecido.

Con el juicio ya señalado y sin posibilidad de acuerdo entre las partes, el caso de la Caja Municipal de San Fernando entra en su fase decisiva, en la que se determinarán las responsabilidades penales por uno de los mayores desfalcos económicos registrados en la historia reciente de la ciudad.