Los tres funcionarios de Policía Local incorporados a la plantilla municipal, que han accedido a sus plazas por el turno de movilidad de las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019 y 2020, han sido dotados de las prendas de uniformidad así como del arma reglamentaria, y con ello han empezado a desempeñar sus funciones policiales, pero sin embargo carecen de chalecos antibalas, equipamiento de protección individual para garantizar la seguridad personal e integridad física de los policías y mandos, y que forman parte del equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contra ataques de armas de fuego o armas blancas.

La Administración, o sea el gobierno municipal, viene obligada a proporcionar chalecos antibalas a los agentes y mandos de la Policía Local, equipos de protección unipersonal adecuados para el desempeño de sus funciones policiales, para conseguir minorar los riesgos así como velar por el uso efectivo de los mismos, de conformidad con el Acuerdo de Funcionarios vigente y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y para ofrecer a la ciudadanía garantía y seguridad de las funciones policiales y la imagen del municipio.

La falta de estos equipos básicos de protección individual supone una imprudencia del Ayuntamiento al ser imprescindibles en determinadas circunstancias o servicios policiales, y sus prisas e improvisación obvia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que la seguridad laboral de los policías locales es competencia de la Administración Local, sin distinción del resto de empleados municipales, y se desentiende del nivel 4 (riesgo alto) de alerta por terrorismo, establecido por el Ministerio del Interior y previsto en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, ante cualquier amenaza y como precaución.

Para la plantilla de la Policía Local de San Fernando se hace imprescindible el uso de prendas de uniformidad idóneas, adecuadas y apropiadas para prestar servicio policial en la vía pública con garantías de seguridad y homogeneidad, y para ejercer las funciones minimizando los riesgos laborales que deben asumir en determinadas circunstancias o servicios policiales, y la falta de respuesta y desidia política deja a los tres nuevos funcionarios de la plantilla de la Policía Local incorporados, en una situación de riesgo para la salud, de inseguridad y de abandono total.