Publicado el: Mar, 29 Mar, 2022
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Llevan a Pleno la creación de un nuevo contrato para el servicio de Ayuda a Domicilio

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha adelantado el contenido de una de sus mociones que la formación llevará al próximo Pleno ordinario, y que no es otro que un nuevo contrato para la concesión del servicio municipal de Ayuda a Domicilio.

“Desde julio se anunció a la empresa que no se iba a prorrogar, desde finales de julio. Se ha mandado a licitación el contrato nuevo de los nuevos pliegos, se han mandado al servicio de contrataciones, con lo cual estamos en ese proceso. Desde finales de julio, reitero bien, se mandó a la empresa, dentro del amparo legal de estos contratos, se anunció a la empresa el que no se iba a renovar el contrato”. Esta moción empieza con un clarificador extracto literal del acta del Pleno ordinario del pasado 25 de noviembre perteneciente a una intervención sobre el contrato de ayuda a domicilio por parte del Delegado de Desarrollo Social de la señora Cavada.

Así se escucharon en este Pleno unas afirmaciones que acreditan el engaño del gobierno local a las auxiliares del servicio municipal de ayuda a domicilio. Llegados a este punto hay que llamar a las cosas por su nombre: hace cuatro meses este gobierno y su alcaldesa mintieron a la cara y sin titubear a estas ciento cincuenta y seis profesionales, mujeres en su mayoría. En noviembre se les prometía que no se iba a prorrogar el contrato de este servicio con la actual empresa concesionaria, que expiraba en marzo después de tres años, y a principios de este mismo mes las trabajadoras han asistido con impotencia a la aprobación de dicha prórroga por parte de la señora Cavada durante dos años más.

Ante la presencia en el Pleno de las trabajadoras en noviembre y la manifestación previa a las puertas del Ayuntamiento, la alcaldesa prometió lo que sabía no iba a cumplir. Unas profesionales que dan lo mejor de sí mismas cada día para cuidar adecuadamente de más de 400 personas en situación de vulnerabilidad, cuya vida y la de sus familias es mejor gracias a su entrega. Hay que recordar que en el orden del día de aquel Pleno coincidieron hasta cuatro mociones, una por cada grupo de la oposición, que abordaban la situación de estas auxiliares.

Contrato que una vez prorrogado alcanzará los 10,6 millones de euros siempre que no se aprueben más modificaciones que incrementen su precio. Se han producido dos por valor del 20 y del 35 por ciento del valor total del contrato y existe otra tercera modificación prevista cuyos datos económicos a día de hoy desconocemos así como los motivos por los que aún no se ha aprobado. En cualquier caso, una vez consumado este monumental engaño, la principal preocupación de estas trabajadoras, con las que recientemente de nuevo nos hemos reunido, radica en que la concesión de la prórroga significa que permanecerán bajo las condiciones laborales que han hecho tan difícil su situación.

Con el beneplácito en todo momento de la alcaldesa y su gobierno que ha mirado para otro lado y nunca ha fiscalizado como es debido el servicio. Un servicio en el que las trabajadoras padecen contratos precarios que apenas alcanzan los 500 euros mensuales; que en lo más duro de la pandemia no contaron con los medios necesarios de protección; con un gasto medio en vestuario por cada una de 42 euros cuando la obligación de gasto es de 186 euros; y que en el mejor de los casos recibieron un pago de 20 horas de formación de las 102 que se impartieron como parte del Plan Anual. Incumplimientos que fueron denunciados ante la Inspección de Trabajo por el comité de empresa de estas trabajadoras junto a otros incumplimientos que se van denunciar según nos trasladan.

Y no puede esconderse la señora Cavada ni su gobierno tras el argumento que no existe relación laboral directa con estas trabajadoras para no defender sus derechos sociales y laborales. Recordemos en este sentido el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que dice textualmente: “Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. […]

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192”.

Por tanto, es obligatorio para el gobierno garantizar que a estas trabajadoras se les aplique los convenios colectivos y demás legislación laboral de manera justa y efectiva. No se pueden desentender de sus problemas laborales alegando que no son trabajadoras directas del Ayuntamiento ya que este colectivo de mujeres son su responsabilidad. Lo dice la Ley y lo demanda la Justicia.

¿Qué medidas han tomado ustedes para garantizar los derechos laborales y sociales de las trabajadoras como es su obligación? Ninguna. Sorprende además que la excusa para conceder la prórroga sea que el gobierno municipal está negociando parte del contenido de los pliegos con las trabajadoras. Una vez más, la falta de compromiso en lo realmente prioritario por parte de la señora Cavada, demuestra aunque no lo quiera reconocer que si se ha tenido que prorrogar dos años más este contrato ha sido porque se le ha pasado los plazos para ejecutar la prórroga obligatoria de hasta nueve meses a la que está obligada cumplir la empresa. Es imposible que estuviera en disposición de anunciar la nueva licitación del servicio antes de la fecha límite para hacerlo que era el 16 de diciembre. Y si estaba en disposición de hacerlo, ¿tendría algún inconveniente en darnos acceso y copia a todos los actos e informes preparatorios de la licitación que hay que seguir antes de licitar un servicio de estas características? Sí no nos proporciona esos documentos es porque no será verdad que tenían preparada la nueva licitación en su fecha. No responsabilicen a las trabajadoras de su incapacidad para gestionar.

Sin duda, estas auxiliares no merecen este trato por parte del gobierno local, pero no es nada nuevo ya que la actitud para con ellas del gobierno y su Presidenta ha oscilado entre el silencio, la indiferencia y el desprecio. Por otro lado, nos preocupa que la mentira hacia el ciudadano ejercida con total impunidad se haya convertido ya en una práctica habitual de este equipo de gobierno. Nosotros seguiremos al lado de este colectivo y sus reivindicaciones.

Al lado de unas trabajadoras cuyo comité de empresa ya advirtió sobre la falta de transparencia del equipo de gobierno, que no le ha dado acceso a ningún tipo de información sobre el servicio ni les ha aportado documentos tan necesarios como los planes de igualdad y de conciliación, a los que tienen derecho según la ley y el contrato que la propia señora Cabada firmó.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí, propone la adopción de los siguiente acuerdos:

Primero. Instar al Ayuntamiento de San Fernando a que adopte las medidas administrativas oportunas para licitar y adjudicar a la mayor brevedad posible un nuevo contrato para la concesión del servicio municipal de ayuda a domicilio, que incorpore las demandas y las mejoras expresadas por el comité de empresa de las auxiliares de este servicio como son la jornada de 35 horas y la racionalización de los horarios de cara a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar eliminando los sábados de la jornada laboral.

Segundo. Instar al Ayuntamiento de San Fernando a que adopte las medidas administrativas oportunas para garantizar la fiscalización y el control de la empresa a la que se le adjudique este contrato a fin de evitar los incumplimientos que se han producido durante el contrato recién prorrogado y sancionando los que se produzcan.

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