La Junta de Andalucía destina más de dos millones de euros entre los municipios de Cádiz para atender a familias con menores en riesgo de exclusión.

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz renueva el convenio de colaboración  con la Diputación y los ayuntamientos de San Fernando, Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Chiclana, Conil, Jerez, La Línea, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Roque y Sanlúcar de Barrameda para   atender a 2.044 menores en los equipos de tratamiento familiar.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación han renovado los convenios de colaboración para la financiación de los Equipos de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o desprotección (ETF). Este acuerdo supondrá para la provincia de Cádiz una inversión de 2.055.246 euros para el período 2021/2022 y beneficiará a 15 entidades locales y a la Diputación provincial, permitiendo atender a más de 1.148 familias y 2.044 menores.

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Fidalgo, ha explicado que la Consejería destinará 13,7 millones de euros para el programa de tratamiento familiar en toda la comunidad a lo largo de este año, cantidad que beneficiará a 92 entidades locales y permitirá atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores en toda la comunidad.

Fidalgo ha subrayado que este convenio abunda en el reconocimiento de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona que recoge la nueva Ley de Infancia, ya en trámite parlamentario tras salvar la enmienda a la totalidad con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Una norma que tiene, entre otros objetivos, “orientar las políticas públicas para dar una atención integral a las y los menores abordando sus necesidades físicas, pero también las psicológicas, emocionales, sociales e incluso del propio entorno medioambiental”.

“La familia juega un papel básico en el desarrollo infantil por los vínculos afectivos que en ella se establecen”, ha insistido, “y es muy importante el esfuerzo y compromiso de las administraciones para satisfacer y preservar ese derecho de los niños, niñas y adolescentes a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferentemente con sus padres”. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años que se hayan propuesto medidas de protección para menos del 5% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por este servicio en la comunidad.

La delegada territorial ha destacado la labor del Programa de Tratamiento Familiar (PTF) para “proteger a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad”. “Se trata de un recurso que constituye un pilar fundamental de la prevención y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida, dado que se orienta a la preservación familiar, para que los niños y niñas puedan continuar con sus familias, abordándose situaciones de riesgo y desprotección”, ha subrayado.

Fidalgo ha querido agradecer también el esfuerzo y dedicación de los ETF que, a pesar del confinamiento y la pandemia, “han continuado haciendo un seguimiento a las familias para dar apoyo emocional, acompañamiento y orientación de los distintos recursos que la Consejería pone a disposición de la familias, como la Renta Mínima de Inserción Social, las Pensiones no Contributivas, las Ayudas Económicas Familiares o las Tarjetas Monedero”.

En este sentido, la delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha resaltado el compromiso de su departamento con este programa y ha destacado su inclusión “como una prestación garantizada en el Catálogo de Prestaciones de Servicios sociales” bajo la denominación de Apoyo Psicosocial y Psicoeducativo de atención a la infancia y a la familia. Una prestación que tendrá aún mayor respaldo con la próxima aprobación del nuevo marco legislativo para la infancia en nuestra comunidad.

Más de 10.636 menores atendidos en 2020

Los Equipos de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o desprotección son grupos de carácter interdisciplinar conformados por 492 técnicos y 92 personas coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales. En el último año atendieron a más de 10.636 menores y un total de 5.555 familias.

Los programas de tratamiento familiar cumplen un doble objetivo: por un lado, eliminan y cortan la conducta de maltrato, y por otro persiguen instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar. El tratamiento que realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro.

“Se trata de proporcionar a las familias un recurso específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras, de forma que puedan compensar así la situación de riesgo o desprotección que afecta, directa o indirectamente, al bienestar de los menores”, ha detallado Fidalgo. Esta actuación se revela fundamental, además, en aquellos casos que implican medidas de protección que suponga la separación del o la menor de su entorno familiar, ya que posibilita el retorno a la familia de origen. La reunificación familiar se erige así como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores, primando siempre su interés superior.

Perfil de los usuarios

Según la última memoria de actividad del programa en Andalucía, el 28,6 por ciento de las familias destinatarias del servicio son biparentales con menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social, seguidas por núcleos monoparentales, de madres con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social (1.177 familias, el 21,19 por ciento del total de familias atendidas), o familias en proceso de separación o divorcio sin custodia compartida (21,03 por ciento). En casi la mitad de los casos, los progenitores no tienen terminados los estudios obligatorios (47,19 por ciento), y en un cuatro por ciento de los casos alcanzan los estudios universitarios.

La mayoría de las familias que participan en este programa no tienen conciencia de la existencia de un problema y del daño de su conducta en los hijos e hijas, y en muchos casos la intervención se produce a raíz de conflictos de pareja o conflictos familiares en la unidad de convivencia (48,64 por ciento), generalmente tras una separación conflictiva, uno de los escenarios que más crecen.

Asimismo, el 62 por ciento de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que la situación de precariedad o inestabilidad laboral y económica se convierte en elemento de riesgo en 42,92 por ciento de los casos. También se detectan adicciones (27,27 por ciento), problemas psíquicos o comportamentales (40,47 por ciento) o relaciones conflictivas entre padres e hijos (38,83 por ciento).

Más de dos millones para Cádiz

En el caso de Cádiz, los 22 ETF atendieron a 2.044 menores procedentes de 1.148 familias durante 2020. Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, la subvención asciende en la provincia a más de dos millones de euros. Esta cantidad se repartirá entre la Diputación provincial (266.418 euros), y los Ayuntamientos de San Fernando (120.526 euros); Cádiz (149.069 euros); Algeciras (149.069 euros); Arcos de la Frontera (88.806 euros); Barbate (88.806 euros); Los Barrios (88.806 euros); Chiclana (120.526 euros); Conil (88.806 euros), Jerez (266.418 euros), La Línea (120.526 euros), El Puerto de Santa María (120.526 euros), Puerto Real (88.806 euros), Rota (88.806 euros), San Roque (88.806 euros) y Sanlúcar (120.526 euros).