Podemos denuncia que la empresa concesionaria del SAD incumple las medidas de conciliación sistemáticamente.

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha recogido las reclamaciones de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio que denuncian que la empresa concesionaria incumple los derechos laborales de las empleadas en materia de conciliación y ha exigido al gobierno que se implique y sancione las prácticas de la empresa. Rojas ha recordado al gobierno que en torno a la conmemoración del 8M, y con las distintas campañas para sensibilizar sobre la desigualdad, también es feminismo velar por el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de los servicios públicos.

Rojas ha denunciado que el gobierno de PSOE y CS se cruza de brazos cuando se trata de defender los derechos laborales de las trabajadoras del SAD, que denuncian además que Claros SCA no ha informado a la plantilla sobre las medidas que propuso durante la licitación del servicio y que hizo que obtuvieran el máximo de puntos en el concurso. Si las trabajadoras no conocen las medidas de conciliación de la empresa, no saben qué derechos tienen ni cuáles se les están vulnerando desde que se adjudicara el servicio hace dos años, explica la portavoz, que añade que la empresa dificulta sistemáticamente las medidas de conciliación regidas por ley y sobre conciliación como no trabajar en festivos o no facilitar que puedan acudir a exámenes oficiales, perjudicando gravemente los derechos laborales de trabajadoras de un servicio público.

Podemos critica que el PSOE se pone de nuevo la careta de feminista como cada 8M, pero que cuando se trata de defender a las mujeres, se pone de perfil. La formación ha exigido al gobierno que haga público las medidas de conciliación que se reflejan en el pliego del contrato con la que empresa, que asegure a las trabajadoras del SAD sus derechos laborales y que sancione a la empresa si se están incumpliendo.

Este año, el servicio además ha tenido un aumento del presupuesto de 500.000 euros y no podemos permitir que ese montante acabe en una empresa que no respeta los derechos de las empleadas de este servicio esencial que tan importante ha sido durante la pandemia, explica Rojas, que también ha recriminado al gobierno de la Junta de Andalucía que finalmente no haya impuesto a las empresas que la subida de coste de la hora de servicio suponga obligatoriamente la subida de sueldo de las trabajadoras, beneficiando solamente a empresas privadas que desarrollan este servicio en los municipios.