Los vigilantes de seguridad de las instalaciones municipales, en total 17 trabajadores, siguen al día de hoy sin cobrar la nómina de diciembre. Un nuevo retraso considerable, que acumula ya siete meses y que supone un problema grave para muchas familias que dependen de ese salario, que tampoco es cuantioso.

Los vigilantes de la empresa RMD Seguridad han denunciado la precariedad que sufren por el retraso en los pagos, algo que ya conoce el Gobierno municipal que preside Patricia Cavada.

Han llegado a una situación límite. Y encima, muchos de ellos se ven obligados a trabajar fines de semana para pocas horas y sin cobrar, con lo que tampoco se respeta una conciliación de la vida familiar.

La situación resulta insostenible, y aunque el Ayuntamiento asegura estar al día en los pagos a la empresa, consciente también de la situación de los trabajadores, sólo ha instado a RMD a que cumpla con sus obligaciones y pague las nóminas con puntualidad.

El verdadero problema es que el contrato con la empresa de seguridad RMD terminó y la falta de una nueva licitación hace que la empresa siga con un servicio que ya debía haber dejado. Incluso no se presentó a la última licitación..

Lo peor es que el Ayuntamiento, que licitó en noviembre el contrato de vigilantes de seguridad y este contrato quedó desierto, por la baja cuantía económica que ofrecía.

Pese al suplicio que vienen viviendo los vigilantes de seguridad de las instalaciones municipales, desde el Ayuntamiento se ha optado por retrasar una nueva licitación a la espera de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo 9 de marzo.

Para solventar el conflicto actual de los 17 trabajadores, que están en dependencias municipales como Alcaldía, Centro de Congresos o Área de Economía y Hacienda, entre otras, se trabaja en la licitación de un contrato de 6 meses que permita la tramitación del nuevo contrato con la nueva normativa que entrará en vigor el 9 de marzo.

Hasta entonces, los vigilantes de seguridad siguen sufriendo el retraso en los pagos y su situación ya resulta grave.

Desde el grupo Sí Se Puede se ha reclamado al Ayuntamiento que obligue a la empresa adjudicataria a pagar las nóminas.