La Junta de Andalucía, que destinará 17.990 euros al proyecto contratando a AMEDE, acaba de dar el visto bueno a siete actuaciones de esta naturaleza en cuatro provincias

La Delegación General del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento ha aprobado, a través de un decreto, la autorización para ejecutar los trabajos comprendidos en la segunda fase del proyecto de intervención en la fosa común del cementerio isleño, con el objetivo de exhumar los restos de las personas represaliadas por el franquismo, en virtud a la aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían los derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Esta autorización viene a dar respuesta a la petición realizada por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) y los familiares de las personas represaliadas para acometer la fase definitiva que servirá para la recuperación de los restos óseos humanos de quienes fueron enterrados en la fosa común del camposanto isleño y posteriormente proceder a su identificación, cotejándolos con los datos biológicos de los familiares que aguardan desde tiempo atrás encontrar a quienes sufrieron persecución y darles una digna sepultura.

Se calcula que en la fosa común existente en el cementerio isleño pueden encontrarse enterrados hasta 217 personas represaliadas.

Esta nueva fase de intervención comenzó ayer miércoles tras la diligente actuación tanto de la Junta como del Ayuntamiento, que emitió la autorización inmediatamente posterior a que la administración autonómica publicara en el BOJA, el pasado lunes 7 de agosto, la orden firmada por el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y de Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, por la que se aprobaban siete intervenciones en fosas comunes distribuidas en cuatro provincias: Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva. En el caso de la provincia gaditana, la actuación que cuenta con luz verde por parte de la administración autonómica ha sido la de San Fernando, una vez estudiadas por el Comité Técnico de Coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórico y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la posguerra.

Para el gobierno municipal, la aprobación de esta intervención demuestra la sensibilidad de la Junta hacia las numerosas familias que reclaman justicia y dignidad para las personas desaparecidas y asesinadas.

La segunda fase del proyecto contará con un presupuesto de 17.990 euros, sufragado por la administración regional andaluza. De esta manera, la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta reafirma su compromiso con las políticas de Memoria que promueve, siendo la recuperación física de las víctimas y la reparación moral de sus familiares uno de los pilares fundamentales de este compromiso. También participará económicamente la Diputación de Cádiz mediante un convenio y a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, que ya formó parte activa del acuerdo firmado que posibilitó la primera fase llevada a cabo en la fosa común del camposanto isleño entre los meses de noviembre y diciembre de 2916. Precisamente la Junta y la Diputación firmaron un convenio, el pasado mes de mayo, por el que se comprometían a reforzar el camino emprendido conjuntamente para conocer la historia y fomentar la memoria democrática conforme a los principios de verdad, justicia y reparación de víctimas y familiares, que con seguridad redundará en beneficio de las actuaciones que, a partir de este momento, ya se están llevando a cabo en la fosa común de San Fernando.

El presidente de AMEDE, Eladio Asencio Barbacil, ha destacado la importancia de la aprobación de esta fase por parte de la Junta y el Ayuntamiento, al explicar que  con su ejecución, se podrán localizar la totalidad de los restos óseos, exhumarlos y proceder a su identificación genética, todo ello tras una primera fase en la que los trabajos consistieron en la indagación y localización de la fosa común, así como la comprobación de existencia de restos, algo que el equipo técnico pudo constatar.

Para la ejecución de los trabajos de la segunda fase se cuenta con profesionales contratados gracias al presupuesto aportado por la Junta. El equipo técnico conoce ya la fosa común puesto que es prácticamente el mismo que el que actuó en la primera intervención con varias incorporaciones. Está formado por el director arqueólogo, Jorge Cepillo; el antropólogo forense Juan Manuel Guijo y el antropólogo social, Francisco Javier Pérez Guirao; el topógrafo Eugenio Olid Chastang y los técnicos auxiliares Félix Urra Ceballos, Susana Rodríguez Domínguez y María José Rodríguez Martín.

La autorización del Ayuntamiento para acometer los trabajos de excavación y exhumación se concede hasta diciembre de 2017. En estos cuatro meses y medio deberán intervenir sobre la fosa común localizada en una extensión de 30 metros de largo por 4 metros de ancho y 4 metros de profundidad, y para ello contarán con el apoyo de equipos e infraestructura aportado por el Ayuntamiento, desde materiales y herramientas a instalaciones en el mismo camposanto donde serán custodiados los restos óseos antes de ser enviados a Granada para su análisis genético.

El presidente de AMEDE ha querido agradecer al Ayuntamiento su disposición para que se acometan los trabajos del proyecto de intervención. “Ha sido una administración que siempre ha estado al pie del cañón con nosotros -explica Eladio Asencio-, facilitando todo cuanto hemos necesitado y con una actitud colaborativa excepcional desde que en octubre de 2016 comenzamos formalmente las reuniones con las tres administraciones implicadas para llevar a cabo esta actuación”.

Los primeros trabajos ejecutados entre ayer miércoles y hoy jueves están centralizándose en las catas 4 y 5, es decir, en la zona del patio de la fosa común más próxima a la puerta de acceso a lo que antaño era un pequeño cementerio protestante. En este enclave fue donde, hace ahora nueve meses, se encontraron hasta cuatro cadáveres de personas represaliadas, alguna de ellas con evidentes signos de violencia, y vainas de munición detonadas que pudieron ser utilizadas para estos asesinatos.