Durante la reunión, esta semana.

Desde AFIN reivindicarán la implicación tanto del Defensor del Menor como de la dirección de los distintos centros escolares mientras no se resuelve la inestable situación laboral que afecta a la mayoría de los monitores.

La Asociación de Familiares por la Integración de Niños con Diversidad Funcional -AFIN- se niega a que los recortes en materia de educación continúen afectando a alumnos con necesidades especiales, sobre todo en lo relativo al Aula Específica o actividades externas al horario lectivo como son las excursiones.

La reunión con el consejero-delegado territorial de Educación en Cádiz Juan Luis Belizón aun no se ha hecho efectiva pese a haber pasado un mes desde su solicitud ante Registro. Sí fueron atendidos, en cambio, por la jefa de servicio, pero tienen muy claro que "se trata de un asunto lo suficientemente relevante como para que nos reciba él mismo". Objetivo que al parecer se hará realidad tras las constantes llamadas por parte de la presidenta del colectivo, Belinda Benzo, advirtiendo la necesidad de que esto ocurra "antes de la finalización del actual curso escolar. No puede ni debe demorarse más".

En este sentido se han reunido esta semana, en la propia sede de la asociación, varios padres y profesionales que desarrollan su labor en distintos centros de la ciudad, los cuales, conscientes de esta problemática y preocupados por su propia situación laboral, acudían para compartir ideas de cara a una estrategia común. Uno de los presentes advirtió, sin embargo, que el propio Defensor del Pueblo habría remitido contestación a su centro alegando que pese a ser consciente del problema, no tomarán ninguna medida medida concreta a corto plazo. "Aunque el escrito tiene fecha de abril, recibimos respuesta en octubre al no disponer hasta ese momento de la información solicitada a Educación".

Es una información que faltaba a AFIN cuyos miembros, en un primer momento, tenían previsto dirigirse al Defensor del Pueblo. Claro que ahora irán un paso más allá, adjuntando dicho documento a un escrito dirigido al Defensor del Menor que esperan sea apoyado por todos los padres y profesionales que lo deseen. Su objetivo no es otro que "una solución real y no parcheada". "No debe ser el personal del centro quien bajo su responsabilidad se encargue en una excursión de niños con necesidades especiales, como ya ocurriera en el CEIP Eryteeia". Y es que existe un dictamen de Educación que reza el apoyo a estos alumnos por parte de un monitor especial, ya sea funcionario, personal laboral o, como ocurre en Cádiz, subcontratado por una empresa. El problema es que estos solo están cubiertos entre las 9:00 y las 14:00 horas, quedando al margen las salidas extraescolares y, por tanto, "vulnerándose el derecho de estos niños a una educación inclusiva en su integridad".

He aquí la otra 'vertiente' del problema, la de los profesionales cualificados que en muchos casos tienen el 'papelón' de reivindicar sus derechos laborales a la par que cumplen con un compromiso vocacional. El último pliego obliga a todos aquellos que entren a trabajar nuevos en servicios como el 'Aula Específica' a tener la titulación de integrador social. Los veteranos procedentes de otras especialidades cuyas horas acumuladas lleguen a 2000 deben ser 'evaluados' por la Junta pero "como no hay dinero, es la propia empresa encargada del servicio la que debe pagar la acreditación". Este año, además, no habrá nueva licitación puesto que la del anterior contempla hasta el curso 2017.

Una solución que llegará en cualquier caso más a largo plazo y a la que "no podemos esperar", indicaba Belinda, preocupada por la situación de los niños mientras los monitores resuelven su situación laboral".

De momento focalizarán su trabajo hacia dos objetivos. Por un lado, el ya referido escrito al Defensor del Menor que esperan sea apoyado por las asociaciones de padres. Por otro, la implicación de los directores de los centros que "profesionalmente y moralmente deben involucrarse para velar por un derecho común a todos los alumnos". De lo contrario se estaría vulnerando el Artículo 14 de la Constitución Española, según el cual Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.