En una democracia parlamentaria como la que tenemos, el Poder Legislativo, el Congreso,  es el encargado de concebir las leyes. El Gobierno, tenga mayoría absoluta o no, las debate con el resto de grupos que, recordemos, son los representantes de todos los ciudadanos, y posteriormente son votadas. La Constitución prevé en su artículo 86 que ‘en caso de extraordinaria y urgente necesidad’ el Gobierno puede evitar el debate dictando Decretos-leyes por el procedimiento de urgencia. Estas disposiciones legislativas, además, entran en vigor en el acto.

El problema, lógicamente, es el mal uso y abuso que se puede hacer de esta norma, convirtiendo lo que debe ser extraordinario en ordinario y lo perfectamente aplazable en urgente. El Gobierno de Mariano El Regenerador ha cogido como costumbre imponer las leyes que considera oportunas por este método, saltándose de esta forma a la torera el debate democrático y transformando la mayoría absoluta en una mayoría absolutista.

El pasado 4 de julio, fieles a su estilo, volvieron a acometer un atropello a las libertades aprobando un decreto-ley que modificaba de golpe y porrazo, nada más y nada menos, que 26 leyes que afectan a nueve ministerios distintos. Los asuntos son muy dispares y variopintos, y muchos de ellos carecen absolutamente de esa urgencia que exige la Constitución. La creación de un registro de empresas cinematográficas, la regulación de drones o de las empresas de trabajo temporal, generar marcos para poder cerrar y privatizar aeropuertos o la celebración de los 120 años de la Primera Exposición Picasso en La Coruña no me parecen temas que se tengan que aprobar en 24 horas. Sin embargo, la medida que más escándalo ha causado ha sido la privatización del Registro Civil a favor de los registradores mercantiles. Recordemos que Rajoy es registrador en excedencia.

Durante el año 2012, el Parlamento aprobó un total de 25 leyes. Pues bien, durante el mismo ejercicio el Gobierno promulgó 29 decreto-leyes.  Es decir, más leyes aprobadas sin ningún tipo de debate que con debate. La enorme mayoría de ellas, como podréis imaginar, ni eran urgentes ni eran extraordinarias, pero usurparon el derecho constitucional a los demás partidos de poder deliberar sobre ellas. Con la mayoría absoluta que disfrutan es a todas luces innecesario abusar de los decreto-leyes, y demuestran que lo hacen, única y exclusivamente, para hacer ostentación de su poder. Poseen, además, el dudoso honor de haberse convertido en el Gobierno que más uso ha hecho de esta norma desde que se instauró la Democracia. Una democracia, robada, secuestrada, que usan a su antojo y que los ciudadanos exigiremos en la urnas que nos sea devuelta. Tienen las horas contadas.