Un coche patrulla de la Policía Local frente al Ayuntamiento de San Fernando - El Castillo de San Fernando

La sentencia, que estima íntegramente la demanda de un agente lesionado durante una intervención policial, es la primera de las seis reclamaciones judiciales impulsadas por agentes de la Policía Local y defendidas por el despacho (Prian Abogados) contra el Ayuntamiento por la negativa a reconocer indemnizaciones por lesiones sufridas en acto de servicio.

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha informado de que el bufete Prian Abogados ha obtenido la primera sentencia favorable de las seis reclamaciones judiciales interpuestas contra el Ayuntamiento de San Fernando por su negativa a indemnizar a agentes de la Policía Local lesionados durante el ejercicio de sus funciones.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, estima íntegramente la demanda presentada por un agente que resultó lesionado mientras intervenía en defensa de sus compañeros y de la ciudadanía. El fallo reconoce su derecho a ser indemnizado y condena al Ayuntamiento al pago de la cantidad reclamada, además de los intereses legales y las costas judiciales.

Según SIP-AN, esta resolución supone un respaldo a las reclamaciones planteadas por los agentes y confirma la vía judicial emprendida ante la falta de respuesta administrativa.

El sindicato sostiene que el Ayuntamiento de San Fernando optó por no responder a las reclamaciones formuladas por los policías afectados, recurriendo al silencio administrativo. Una práctica que, según SIP-AN, ha obligado a los trabajadores municipales a iniciar largos procedimientos judiciales para obtener el reconocimiento de sus derechos.

Esta sentencia es la primera de una serie de resoluciones que deberán dictarse sobre los seis procedimientos judiciales promovidos por agentes de la Policía Local de San Fernando por hechos similares. Según los datos facilitados por el sindicato, las cantidades reclamadas al Ayuntamiento de San Fernando ascienden aproximadamente a 70.000 euros, cifra a la que habría que sumar intereses legales y costas procesales.

SIP-AN recuerda que esta situación se produce mientras el Ayuntamiento continúa sin prestar una asistencia jurídica efectiva a los funcionarios municipales cuando estos se ven afectados por actuaciones derivadas del ejercicio de sus funciones. Se trata, según la organización sindical, de una reivindicación histórica que sigue sin atenderse pese a las solicitudes realizadas durante los últimos años.

El sindicato también señala que el Ayuntamiento mantiene pendientes de pago diversas facturas correspondientes a servicios jurídicos prestados por el bufete Prian Abogados, despacho que actualmente representa a varios agentes en estos procedimientos.

En relación con esta situación, SIP-AN considera que "resulta inaceptable que policías que arriesgan diariamente su integridad física para garantizar la seguridad de los ciudadanos tengan que enfrentarse posteriormente a años de reclamaciones administrativas y procedimientos judiciales para obtener una indemnización reconocida por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Asimismo, la organización sindical sostiene que la sentencia deja claro que "la Administración no puede desentenderse de las consecuencias sufridas por sus funcionarios cuando estos resultan lesionados actuando en cumplimiento de sus obligaciones profesionales" y que "la estrategia del silencio administrativo no evita las condenas judiciales, sino que termina incrementando el coste económico para todos los ciudadanos".

SIP-AN asegura que continuará defendiendo los derechos de los policías locales de San Fernando y denunciando cualquier actuación que, a su juicio, suponga un menoscabo de los derechos de los funcionarios públicos.

Para el sindicato, esta primera resolución judicial demuestra que los agentes tenían razón al presentar sus reclamaciones. A la espera del resultado de los cinco procedimientos restantes, la organización considera que el Ayuntamiento podría tener que responder nuevamente ante los tribunales por casos similares.