El PP isleño asegura que denuncias de vecinos señalan que la concejal socialista podría haber vulnerado el Peprich, añadiendo que "a Cavada le corresponde aclarar esta situación”.

El Partido Popular ha solicitado a la alcaldesa isleña que, de manera urgente, ordene una inspección urbanística en la finca propiedad de la delegada de Urbanismo, Claudia Márquez.

El PP, ha manifestado su portavoz José Loaiza, actúa a raíz de las denuncias recibidas de vecinos alertando de la ejecución de obras no permitidas conforme a la norma urbanística en el citado inmueble, que se encuentra catalogado en el Plan Especial de Protección y Reforma (Peprich) y cuenta con un nivel de protección muy elevado. “Esta es una de esas noticias que nunca gusta dar, pero se hace necesario recordar que la ley es igual para todos”, aclaró el también presidente de los populares. “Hay documentación suficiente para avalar esta denuncia que, como mínimo, obliga a aclarar la situación y a llevar a cabo una inspección urbanística del inmueble”, subrayó.

Ante estas acusaciones, Claudia Márquez declaró en el día de ayer, martes 18 de enero, que "no todo vale en política, y el PP y Loaiza han traspasado todos los límites atacando mi ámbito privado, familiar y personal. Y eso es algo que ya no se puede ni estoy dispuesta a consentir. Las afirmaciones de hoy son falsedades, y suponen una bajeza y una indecencia por su parte. Es lamentable que lleguen hasta este punto y traspasen todas las líneas, lo que sin duda es fruto de su desesperación", prosigue. "Por ello, no me queda otra opción que plantear acciones legales para cortar toda esta situación, que supone un acoso personal por formar parte del Gobierno de la ciudad y que excede la labor de fiscalización de la oposición".

La finca en cuestión, ubicada en el centro de la localidad, cuenta con una serie de limitaciones que protegen su estructura interna y externa con el objetivo de preservar su interés arquitectónico. En concreto, se halla catalogada en el Peprich con Nivel 3, Grado 1, lo que obliga a su “conservación, restauración y rehabilitación”, prohibiendo taxativamente la “ampliación vertical y horizontal” del inmueble.

Pese a que, como expuso Loaiza, han existido motivos para generar sospechas sobre la obra en cuestión, como el tapiado de los vanos para impedir la visión del interior de la casa, o la ausencia del obligatorio cartel de licencia de obras en el exterior del inmueble, lo más grave de todo este asunto parte de las denuncias de vecinos. Estos, aportando documentación gráfica, señalan que se modificado la morfología de la vivienda. “O sea, que la delegada de Urbanismo podría haber ampliado su casa tanto vertical como horizontalmente, creando una estancia en lo que era un patio, elevando para ello un muro medianero y techándolo. Esta actuación está prohibida por el PEPRICH y de haberla ejecutado cualquier ciudadano, conllevaría una sanción económica y la obligatoriedad de restituir el espacio a su estado original. La señora Márquez no puede saltarse una norma por ser la delegada de Urbanismo”.

En el propio expediente de la obra se recoge la denuncia de un vecino alertando de esta situación que, curiosamente, el denunciante retira a los pocos días alegando “haber llegado a un acuerdo con la propietaria”.

“Patricia Cavada debe ordenar urgentemente la inspección de la obra, y si existiera conflicto de intereses a la hora de realizarla, que dé traslado del encargo a la Comisión Provincial de Patrimonio para que lo lleve a cabo. No puede permitir esta situación, ni tan siquiera que existan dudas respecto al cumplimiento de la normativa por parte de los miembros del equipo de gobierno”, ha pedido Loaiza.