Publicado el: Jue, 7 Jun, 2018
Actualidad

CSIF pide a la alcaldesa de La Isla que use el superávit municipal para mejorar los servicios públicos

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando ha pedido públicamente a la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que "emplee el superávit de las cuentas municipales del que tanto presume, para invertir en infraestructuras y en mejorar los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos, mermados por su nefasta política de gestión".

Para esta sección sindical es “incompresible que el equipo de Gobierno tenga nulo interés en cubrir las bajas permitidas por ley y que obligue a muchos de los trabajadores de la ya de por sí reducida plantilla a realizar trabajos de superior categoría por laque realmente les paga, sin proporcionarles el vestuario y equipos de protección individual necesarios para la realización de sus labores, incumpliendo así la legislación vigente”. Lo mismo ocurre con los recursos materiales, poniendo a disposición de los trabajadores una flota de vehículos obsoleta, como el camión del Servicio Eléctrico que tiene más de 20 años y como los vehículos de la Policía Local, también en un estado deplorable.

Igualmente, CSIF considera que el equipo de Gobierno tiene la capacidad y la obligación de efectuar los reconocimientos médicos a los empleados municipales (llevan tres años sin hacerlo, y ya está en manos de la Inspección de Trabajo), así como de renovar el sistema informático del Ayuntamiento, tan antiguo que ha provocado el colapso en el padrón de habitantes, con la molestia que supone para los ciudadanos y los empleados quienes, a toda costa, procuran en medio de esta precariedad, dar el mejor servicio posible.

Ante esta nefasta gestión, CSIF reclama a la alcaldesa que se centre en dotar a la plantilla de los recursos necesarios, que se esfuerce en retomar el diálogo social y que evite políticas que llevan a los propios trabajadores y a sus representantes a recurrir a la justicia (que luego dan como resultado numerosas sentencias judiciales que hacen rectificar a los dirigentes políticos, provocando indirectamente un gasto innecesario en costa judiciales del dinero que aporta con esfuerzo la ciudadanía mediante el pago de sus impuestos.

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