Este periódico, El Castillo de San Fernando, ha trasladado la denuncia del sindicato SIP-AN al Gobierno local y está a la espera de una respuesta oficial

El Sindicato Independiente de Policía Andaluza (SIP-AN) denuncia públicamente que agentes de la Policía Local de San Fernando están siendo obligados a patrullar por la playa utilizando un vehículo todoterreno asignado a Protección Civil, una práctica que el sindicato considera ilegal, irresponsable y peligrosa tanto para los agentes como para los ciudadanos.

El vehículo en cuestión no está homologado para funciones policiales, carece del equipamiento necesario y no cumple con los requisitos de seguridad operativa exigidos para este tipo de servicio. A pesar de ello, la Jefatura habría ordenado su uso ante la falta de medios propios, una situación que evidencia una grave negligencia por parte del Ayuntamiento de San Fernando.

El sindicato recuerda que la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía y el Decreto de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local establecen claramente los requisitos para los medios policiales, tanto en materia de seguridad como de dotación técnica y exponer a los agentes a este tipo de improvisaciones es inaceptable y puede derivar en consecuencias legales y personales graves en caso de accidente o incidente, advierten desde SIP-AN, uniéndose a las anteriores denuncias del sindicato independiente de Policía Local (SPLI).

Además del riesgo para los propios agentes, el uso de un vehículo no policial "compromete la imagen institucional del cuerpo y la confianza de la ciudadanía, al tratarse de un medio que no ofrece garantías ni identificación oficial adecuadas", declaran.

Desde SIP-AN se exige al Ayuntamiento de San Fernando y a la Delegación de Seguridad Ciudadana la retirada inmediata de este vehículo del servicio policial, así como la dotación urgente de medios adecuados para garantizar un servicio seguro, eficaz y legal en las playas del municipio.

SIP-AN reitera su compromiso con la seguridad de los agentes y la defensa de un servicio público de calidad y no descarta adoptar medidas legales si esta situación no se corrige de inmediato.