Parte de la fachada del Ayuntamiento de San Fernando

La formación compara el procedimiento municipal con los de Chiclana y Puerto Real, pide conocer qué documentación recibió el Consejo Local de Participación Ciudadana y reclama avances y aclarar la adaptación del reglamento municipal a la ley andaluza

Podemos San Fernando muestra su extrañeza porque el edicto de exposición pública del presupuesto municipal de 2027 solo indica una vía presencial para examinarlo: acudir al Vivero de Empresas, de 9.00 a 13.30 horas, durante los 15 días hábiles en los que pueden presentarse reclamaciones. El anuncio no facilita un enlace a la documentación en la web municipal, el portal de transparencia o la sede electrónica.

La formación pide aclarar si existe una vía electrónica de consulta y, en ese caso, hacerla visible. Asimismo, reclama publicar el expediente completo de aprobación inicial como medida de transparencia y accesibilidad, distinguiendo esta petición de las obligaciones generales de publicidad presupuestaria y de atención a las solicitudes de acceso a la información.

"Para propiciar la participación ciudadana hay que facilitar al máximo el acceso a la información. Un horario de mañana y la necesidad de desplazarse dificultan que muchas personas y colectivos estudien las cuentas y preparen reclamaciones. Si el expediente puede consultarse por internet, pedimos que se indique dónde; si todavía no está publicado, solicitamos que se facilite esa consulta cuanto antes", señala Juan Luis Martínez, responsable de Organización de Podemos San Fernando.

Los edictos de Chiclana y Puerto Real previeron la consulta telemática

La formación apunta a dos ejemplos cercanos. El edicto del presupuesto de Chiclana para 2026 incluyó el tablón virtual entre los lugares de consulta durante el plazo de reclamaciones. El edicto de Puerto Real para 2026 indicó que el expediente estaría disponible durante ese periodo tanto en Intervención como en el portal de transparencia municipal.

Podemos invoca estos ejemplos como prácticas que facilitan el acceso a las cuentas y refuerzan su petición de extender la consulta telemática en San Fernando. "Estamos pidiendo una facilidad que otros ayuntamientos de la Bahía ya prevén en sus anuncios: que cualquier vecino o colectivo pueda abrir el expediente desde su casa y estudiarlo con tiempo. La participación pierde sentido si acceder a los documentos se convierte en el primer obstáculo", afirma Martínez.

Participación antes de cerrar las cuentas y conocimiento del proyecto por el Consejo Local

En las comunicaciones y documentos públicos consultados, Podemos San Fernando no ha encontrado un proceso abierto de propuestas o votación ciudadana para elaborar el presupuesto de 2027. El trámite dirigido a la ciudadanía que anuncia el edicto es el plazo de reclamaciones, una vez redactada y aprobada inicialmente la propuesta.

La ley andaluza contempla los presupuestos participativos como una posibilidad de las entidades locales, sin imponer una votación ciudadana anual. Podemos propone convertir la participación en una práctica estable que permita aportar prioridades antes de cerrar los proyectos presupuestarios.

Por otra parte, el artículo 27.a del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana publicado en la web del Ayuntamiento atribuye al Consejo Local conocer el proyecto del programa anual de inversiones y de los presupuestos municipales. Ese precepto no establece expresamente un dictamen preceptivo anterior a la aprobación inicial.

Por ello, la formación pide acreditar cuándo y cómo conoció el Consejo el proyecto de presupuesto de 2027, qué documentación recibió y qué propuestas o acuerdos quedaron recogidos en el acta correspondiente.

También solicita información sobre la intervención de las federaciones de asociaciones de vecinos: las reuniones celebradas, la documentación facilitada y las propuestas presentadas e incorporadas. Para comprobarlo, reclama acceso a las convocatorias, actas y demás documentos existentes que permitan conocer el alcance de esa participación.

"El plazo de reclamaciones permite examinar unas cuentas que el Gobierno ya ha elaborado. Queremos que los vecinos y las entidades puedan aportar sus prioridades antes de que se cierre el proyecto y conocer qué respuesta reciben sus propuestas", sostiene Martínez.

Una renovación anunciada desde 2021 y una adaptación legal que debe acreditarse

Para Podemos, esta situación enlaza con la renovación del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, aprobado en 2003. El Ayuntamiento anunció un nuevo texto en septiembre de 2021, con el propósito de incorporar propuestas vecinales y desarrollar canales digitales de participación.

La formación recuerda que la disposición final segunda de la Ley 7/2017, de Participación Ciudadana de Andalucía, estableció un plazo de doce meses desde su entrada en vigor para que los municipios aprobaran o adaptaran sus reglamentos. Ese plazo concluía en enero de 2020. Por ello, pide que el Ayuntamiento identifique qué acuerdos y publicaciones acreditan el cumplimiento de esa obligación y, si la adaptación sigue pendiente, impulse su culminación.

Desde el anuncio de 2021 se han producido reuniones y debates sobre la reforma. En octubre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana abordó las novedades de una futura ordenanza, y en mayo de 2025 volvió a tratar el estado de su tramitación. Estas actuaciones reflejan un trabajo previo, aunque las comunicaciones públicas consultadas no acreditan la aprobación definitiva de la nueva norma.

Posteriormente, el tablón electrónico municipal publicó una consulta pública previa sobre el proyecto de reglamento entre el 29 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, según su histórico. Esa consulta es una fase preparatoria y no equivale a la aprobación del reglamento.

Podemos pide explicar cómo se relaciona esa consulta con los borradores anteriores, qué aportaciones se recibieron y en qué fase se encuentra actualmente el expediente. La formación no ha localizado publicada una aprobación definitiva, lo que no permite descartar actuaciones posteriores que no haya podido consultar.

Asimismo, recuerda que la normativa de transparencia exige mantener información actualizada sobre las normas en elaboración y su estado de tramitación, y publicar el texto de las ordenanzas o reglamentos locales tras su aprobación inicial por el Pleno.

«La ciudadanía debe poder conocer en qué punto está esta renovación y qué se ha hecho con sus aportaciones. Pedimos acceso al texto en el que se está trabajando y un calendario público para culminar la tramitación con intervención vecinal», señala Martínez.

Las peticiones de Podemos San Fernando son:

• Facilitar la consulta electrónica del expediente de aprobación inicial del presupuesto de 2027 y publicar un enlace directo y visible durante todo el plazo de reclamaciones, con los estados de ingresos y gastos, las bases de ejecución, la memoria, los anexos y los informes, respetando los límites legales de acceso y protección de datos.
• Acreditar cómo conoció el Consejo Local de Participación Ciudadana el proyecto presupuestario y facilitar la documentación existente sobre la intervención de las federaciones vecinales.
• Establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda aportar prioridades antes de la aprobación inicial de futuros presupuestos.
• Aclarar la adaptación del reglamento municipal a la ley andaluza, hacer públicos el borrador más reciente y la documentación accesible sobre los acuerdos y el resultado de la consulta previa, y anunciar un calendario de tramitación con participación de entidades y vecinos.

"La participación no puede depender de que una persona tenga libre una mañana para acudir a una oficina. Debe contar con información accesible, tiempo para estudiarla y oportunidades reales de hacer propuestas", concluye Martínez.