Romero: “Cavada debe depurar responsabilidades políticas o seguir siendo cómplice de los numerosos y graves hechos en torno a la compra y obra posterior de una vivienda por su delegada de Urbanismo”.

AxSí detalla que los hechos que van desde el dictado por la propia Concejala así misma de una orden de ejecución de pintado de fachada para después demoler y consolidar la finca comprada, pasando por multas no giradas, ahorro de impuestos, ampliaciones verticales y horizontales prohibidas por la ficha del  PEPRICH hasta la contratación con fondos municipales a los arquitectos de esta obra

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha exigido a Cabada que depure las oportunas responsabilidades políticas ante los numerosos y desde nuestro punto de vista graves hechos protagonizados por su delegada de Urbanismo y arquitecta de profesión, Claudia Márquez, sobre la compra y posterior obra de una finca en el centro histórico de la ciudad. Romero recuerda que planteó una serie de preguntas a la alcaldesa al respecto durante el último Pleno ordinario y aún continúan sin respuesta por su parte. De igual forma, el portavoz ha puesto en conocimiento de los medios de comunicación los hechos ocurridos y acreditados documentalmente que pone a disposición de cualquier ciudadano interesado.
El líder de AxSí establece una cronología de los hechos acreditados todos documentalmente. En primer lugar, el portavoz aborda la adquisición de esta finca al Obispado. Este hecho es el primero que se tenía que haber evitado puesto que cualquier responsable de Urbanismo conoce que debe sentarse con el Obispado a tratar de sus legítimos intereses de desarrollo urbanístico en los diferentes inmuebles de los que es propietario en la ciudad. Y es posible que veamos ejemplos en los próximos meses.

En segundo lugar, es absolutamente reprobable que una delegada de Urbanismo firme una orden de ejecución sobre la finca que compra. ¿Cuántas órdenes de ejecución se firmaron ese año? Romero explica que el 24 de mayo de 2017, a requerimiento de la propia Delegación de Urbanismo, el Agente 131 de la Policía Local informa de la necesidad de pintado de la fachada. Un día después, el 25 de mayo la misma Delegación incoa una orden de ejecución instando al pintado y limpieza de la fachada. A la semana siguiente, el 5 de junio la propia señora Márquez firma un decreto por el que ordenaba al Obispado el pintado y limpieza de la fachada y advirtiéndole de la imposición de hasta diez multas coercitivas si no daba cumplimiento a lo ordenado.

El portavoz prosigue detallando que una vez notificada al Obispado el 13 junio de 2017 la orden de ejecución, que consistía exclusivamente en limpiar y pintar la fachada, sólo dos días más tarde, el 15 de junio, y sin haberle hecho entrega del informe técnico hasta el 21 de junio, el Obispado redactó y presentó alegaciones planteando la rehabilitación de la finca, su venta y la petición de un aplazamiento de cinco meses.

Literalmente afirmaba en su alegación segunda que “para que el nuevo titular – al que se le comunicó esta orden de ejecución – presente la documentación técnica para la rehabilitación de la finca. El Obispado plantea la rehabilitación integral de la finca cuando la delegación de Urbanismo sólo pedía en la orden de ejecución el adecentamiento de la fachada. ¿Quién es esa nueva propietaria de la que habla el Obispado?, ¿con qué intención se ordena una orden de ejecución sobre su finca?, ¿se estaba ofreciendo la justificación al Obispado para vender? Todos sabemos que la respuesta a esta última pregunta es que la nueva propietaria era en ese momento por documento privado y es la señora Márquez, Delegada de Urbanismo, que le compra al Obispado una finca respecto de la que ella misma dicta una orden de ejecución con todas las consecuencias urbanísticas y económicas que supone. Sólo este proceder y la orden de ejecución sobre la finca comprada es causa para exigir responsabilidades políticas porque sin duda alguna se debería haber abstenido de dictar cualquier tipo de resolución administrativa y en todo este procedimiento en relación con una finca en la que tenía claros intereses por haberla comprado, con arreglo al artículo 23 de la Ley 40/2015 del Régimen del Sector Público”, insiste Romero.

El líder de AxSí señala que luego pasa año y medio sin que se realice ninguna actuación en dicha finca y durante ese periodo sólo se remite en diciembre de 2018 una providencia de apremio al obispado por 104,50 euros puesto que todavía no se había elevado a público ante Notario la escritura y el titular registral aparente seguía siendo el Obispado. Por tanto, se perdonan hasta nueve multas coercitivas mensuales que el Ayuntamiento debería haber impuesto a la propietaria de la finca según lo ordenado por la propia Márquez. Hay un ahorro de casi mil euros al menos. Aquí tenemos un segundo motivo para que Cabada tome decisiones responsables si es una alcaldesa honesta.

“Este caso entra en una nueva fase a partir del 19 de mayo de 2020, cuando el cónyuge de la delegada municipal de Urbanismo presenta, siendo todavía titular registral el Obispado, un proyecto básico de ejecución de demolición y consolidación de la finca al amparo de una orden de ejecución que sólo planteaba el pintado de la fachada. En las escasas fotos aportadas no se aprecian techos desprendidos ni que necesiten en absoluto una urgente demolición. Lo cual contrasta con lo que el señor Rodríguez, portavoz de la señora Cavada, afirmaba en el anterior Pleno ordinario sobre el mal y ruinoso estado de la vivienda. ¿Cómo se hicieron esas fotos que el propio cónyuge aporta?, ¿cómo se pudo elaborar un proyecto tan detallado si no es entrando e inspeccionando la misma?, ¿qué técnico elabora un proyecto básico y de ejecución sin tener datos exactos del estado de la finca a rehabilitar y cuáles elementos de juicio puede tener para decir que este mal o no? Además, pide licencia de obras para demoler toda la casa utilizando una orden de ejecución y beneficiándose de la exención fiscal correspondiente del ICIO que asciende al 4%, esto es, un ahorro por haberse dictado a sí misma una orden de ejecución de cerca de mil euros. Otra causa para exigir responsabilidad política si es una alcaldesa honesta”, afirma el portavoz.

En este sentido, en los planos del proyecto de demolición parcial y consolidación, que hemos tenido que solicitar hasta en tres ocasiones para que la señora Cavada nos los facilite, aparece sólo la intervención en un techo que coincide con la ampliación horizontal y vertical en planta primera. En planta baja no realiza actuación alguna cuando modifica la actuación de la escalera con la consiguiente demolición parcial de un techo que realmente no existe. Qué casualidad que en el resto de techos no se proyecta intervenir a pesar de lo que se dijo en el pleno sobre el mal estado de la finca. Seis días después, el 25 de mayo de 2020, se emite informe del arquitecto de Urbanismo en relación con el proyecto de demolición parcial y consolidación en el que literalmente dice que se “observa en planimetría una serie de actuaciones como piscina en cubierta, apertura de ventanas a fachada interior, ejecución de una galería en planta baja en el patio, una chimenea dibujada en planta en primera crujía, etc., las cuales no se justifican ni parecen ser objeto de esta actuación de consolidación, siendo esto más propio de una reforma (…) que deben ser objeto de una solicitud de Licencia independiente aportando su correspondiente Proyecto con las justificaciones históricas oportunas para este tipo de finca catalogada con Nivel 3, Grado 1”. La arquitecta y Delegada de Urbanismo intenta “colar” en un proyecto de consolidación actuaciones claramente de reforma que impide la protección urbanística del inmueble y que en cualquier caso requiere su proyecto y licencias propios e independientes en una clara pretensión de ahorrárselos y así se lo tiene que decir su propio técnico, lo cual constituye otro motivo en sí mismo de reprobación política si es una alcaldesa honesta.

Con fecha de 11 de junio de 2020 Cavada decretó la autorización de las obras y la liquidación de las tasas teniendo por consiguiente conocimiento del expediente desde esa fecha. El 27 de septiembre de 2020 por fin el cónyuge de la Delegada de Urbanismo comunica al Ayuntamiento que el matrimonio había adquirido la finca sin especificar la fecha. Según la oportuna nota simple informativa del Registro de la Propiedad se eleva a escritura notarial la compraventa ganancial el 25 julio de 2020. Y el 10 de noviembre comunican el comienzo de las obras. Ocho meses después, ya 22 de julio de 2021, presentan el proyecto de adecuación interior de la vivienda y en cuestión de días, con una celeridad y rapidez encomiable, se informa y pasa la Comisión Municipal de Patrimonio a principios de agosto.
Por otro lado, AxSí detalla la existencia de una denuncia de un vecino colindante a esta finca, presentada el 8 de septiembre de 2021, en la que se alertaba de una medianera con levantamiento de un nuevo techo que invadía y no respetaba su mediana y de la apertura de un ventanal que daba a su patio y creaba una servidumbre ilegal si no existe acuerdo entre las partes. El 21 de octubre, explica Romero, el mismo vecino presentaba escrito desistiéndose de la denuncia por haber llegado “a un acuerdo con la propietaria de la finca”, es decir, la Delegada de Urbanismo. “¿Por qué no consta en el expediente dicho acuerdo ni se da traslado del mismo a pesar de haberlo pedido por escrito el 23 de diciembre del pasado año?, ¿por qué la Delegación de Urbanismo no hizo ningún tipo de inspección a pesar del acuerdo privado entre vecinos? Lo que está claro es que antes del acuerdo la arquitecta y concejal de Urbanismo realizó una actuación invasora del derecho del vecino cuanto menos nuevamente reprochable si es una alcaldesa honesta”, indica el portavoz.

Romero explica que, tras comprobar la ficha del catastro, ficha del Peprich, fotografías aéreas de la finca a través de Google Earth, fotografías actuales y las que aporta el vecino denunciante, se advierte la existencia de dos patios, uno central y otro trasero. Así mismo, se confirma la realización de una nueva obra de ampliación vertical y horizontal en la planta del patio trasero que ha desaparecido y en relación con el antiguo cuarto existente en la planta primera que se ha ampliado. De hecho, en el catastro consta una superficie de veinticuatro metros cuadrados de almacén en la primera planta que en la actualidad y tras la obra de la señora Márquez se ha ampliado a más de treinta metros cuadrados más los ganados en la planta baja en relación con el patio trasero, cuya última reforma consta en el catastro en 1950 lo que implica que no existía modificación alguna de dicho patio. Actuaciones que se pueden comprobar perfectamente con la simple visión de la nueva parte ejecutada respectó de lo existente: corte del pretil para formación de la puerta, levantamiento de nueva fábrica de apoyo del forjado tanto por la medianera como por el pretil existente. Es decir, una ampliación y nueva configuración de la finca con nueva y mayor edificabilidad que hubiese requerido al menos un Estudio de Detalle según el propio   Peprich conforme a su artículo 13.5 pero en el supuesto de uso hotelero o equipamiento privado y siempre que no perjudique su valor patrimonial. ¿Es el objeto de dicha ampliación lo que recoge y ampara el Peprich? Unas obras, subraya el portavoz, que contrastan con lo que dice la ficha concreta de la finca en el Plan Especial de Protección de Reforma Integral del Casco Histórico que prohíbe modificaciones horizontales y verticales expresamente. Unas actuaciones que amparadas en planos en un estado actual de la finca alterado donde se refleja la ocupación del patio en planta baja y alta dando por hechos consumados la alteración de la realidad que muestran las fotos actuales. Unas actuaciones que se dan por realizadas en el proyecto de demolición parcial y consolidación como si ya existiesen y fuesen originales y previas a las obras derivadas de la orden de ejecución y por tanto llevando a error a los técnicos municipales. “¿Qué más pruebas necesita la señora Cavada? Incluso le aporté durante el pasado Pleno ordinario una de las fotografías del vecino denunciante que habla por sí sola. ¿Qué le parece a la señora Cavada que sea su misma delegada de Urbanismo y arquitecta la que ignore la ficha del instrumento de ordenamiento urbanístico que es el Peprich relativa a la finca que prohíbe las ampliaciones horizontales y verticales? Y también nos gustaría saber por qué no consta en el expediente ningún informe de inspección ocular por parte de la Delegación de Urbanismo”, recalca el líder de AxSí.

Mención aparte merece un hecho cuanto menos sospechoso: que la delegada de Urbanismo de la señora Cavada haya contratado con fondos municipales y mediante sendos contratos menores a los dos arquitectos que le han firmado los proyectos de su casa por más de once mil euros el 28 de abril de 2021 y casi dieciocho mil euros el 11 de septiembre de 2020 respectivamente. “Y decimos firmado por el siguiente detalle final. En las páginas 152 y 398 del proyecto básico y de ejecución interior de la vivienda supuestamente redactado por otros dos arquitectos aparece al final de la página lo siguiente: “Claudia Márquez Ramírez La Arquitecta Noviembre de 2008”. Y en las páginas 153 y 399 se dice que “El presente Estudio de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de ejecución redactado por Doña Claudia Márquez Ramírez”. En estas cuatro páginas del proyecto a alguien se le ha pasado eliminar el nombre de la señora Márquez como arquitecta lo que podría llevar a la conclusión de que ella misma redactó el proyecto, pero fue firmado por otros profesionales dada la incompatibilidad del cargo político y el ejercicio de su profesión”.

“Ha llegado el momento de depurar responsabilidades políticas, de que la alcaldesa si es honesta cese a su Delegada de Urbanismo. Ninguna explicación ha dado hasta ahora ni la una ni la otra. Silencio ante los graves hechos que aquí y hoy han sido acreditados uno por uno con los documentos pertinentes. Si no hubiera nada que ocultar, con total transparencia, se hubiese convocado a los medios aportando documentación, planimetría y accediendo a las inspecciones supramunicipales que fuesen necesarias. No queremos que nuestro equipo de gobierno actúe con total impunidad y como si estuviesen más allá del bien y del mal porque a los isleños cada vez que quieren hacer obras en sus casas se les exige que cumplan con la normativa urbanística de manera rigurosa por parte además de la Delegada de Urbanismo protagonista de todos los hechos que hoy hemos relatado y probado y de la alcaldesa que si no la cesa será cómplice de todo este grave caso que tanto daño hace al Ayuntamiento como institución y a la ciudad de San Fernando”, concluye el portavoz.