Publicado el: vie, 22 Nov, 2019
Actualidad

Plataforma Sentencia Tranvía amplía la denuncia contra la Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado martes, validaba contratos públicos agregados por valor superior a los 12 millones de euros, lo que a juicio de la Plataforma Sentencia Tranvía “le lleva a participar en las responsabilidades, como órgano colegiado, en el uso de dinero público, en una obra manifiestamente ilegal y por primera vez, con posterioridad a las sentencias”.

Plataforma Sentencia Tranvía presentaba en el día de ayer, en las investigaciones penales abiertas, que se inició en la Fiscalía Superior de Andalucia, del TSJA, dado ir referida estas actuaciones, a la actual Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, una ampliación de denuncia por la aparición de hechos nuevos, en concreto lo ocurrido el pasado martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde se validaba el uso y destino para con el Tren Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cadiz, de contratos públicos agregados por un valor superior a los 12 millones de euros y que “nos llevaría a que el Consejo de Gobierno, como órgano colegiado entraría a participar de lleno, en el abanico de responsabilidades que pudieren dar a lugar, puesto que solo él, tiene esa capacidad de aprobar destino de dinero público en esas cuantías y en esta situación, dado que se estaría destinando a una obra manifiestamente ilegal, como así la denomina el TSJA a esta obra pública, ampliándose igualmente no solo en actores, sino en la calificación jurídica de las presuntas responsabilidades, entrando de lleno en lo patrimonial y que decir del orden socioeconómico, es un paso más de esta plataforma ciudadana, que quiere que se determine en las investigaciones judiciales abiertas, si el uso de recursos públicos, para esta obra, con esta caracterización jurídica, fuera acorde a derecho o no y si así fuere se determine las responsabilidades que dieren a lugar, CAIGA quien CAIGA, no se puede estar haciendo uso de dinero público, para obras ilegales, ello no tiene cabida en el Principio de Legalidad”, concluye.

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