Con las pruebas del Tren Tranvía se cayeron cristales del Centro de Congresos.

3R y la Plataforma Sentencia del Tranvía, integrada en él y en previsión de que el anuncio de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, se pudiera convertir en realidad, “después de innumerables fiascos, en lo referido a que se procederá a la realización de las pruebas dinámicas del Tren Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cádiz, el próximo lunes día 10, se ha procedido a notificarle a las autoridades, las dos características de este evento: en primer lugar que la obra es “manifiestamente ilegal”, como la denomina el TSJA, teniendo dos Sentencias de nulidad firmes y que la traza de ese medio de transporte a su paso por la ciudad de San Fernando, es coincidente con la carretera propiedad de la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento y por tanto del Estado, muy alejado de la promotora de estas pruebas, dígase la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Esto llevaría, según 3R, a “una situación de harta complejidad de explicar, ante los efectos inducidos sobre los equipamientos públicos ruinógenos, dígase Cruz Roja o Lazaga o el propio Centro de Congresos, al que ya nunca más se le cayeron los cristales de su fachada, después de terminar las pruebas dinámicas últimas”.

Por ello, añade, “desde la Secretaría de Infraestructura de Fomento, Presidencia de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Subdirector General de Fondos FEDER España, subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, delegado Territorial de Andalucía de Endesa, por aquello, del suministro eléctrico, la alcaldesa se le ha ratificado un buro fax en esta dirección, enviado días atrás, así como los funcionarios públicos, en calidad de Jefe de Servicios, dígase Edificios Públicos, Servicios Jurídicos, Planeamiento Urbanístico, Secretaría Municipal, Jefatura Policía local y Protección Civil le ha sido notificado ambas peculiaridades, como la ilegalidad de la obra pública y la falta de título de propiedad, respecto del espacio público donde se realizarán".

3R entienden que los técnicos y políticos del Ayuntamiento deben conocer la realidad de la situación de la calle Real y los riesgos de las pruebas.