La falta de democracia y transparencia que estamos sufriendo los ciudadanos cobra, como no podía ser de otra forma, su mayor esplendor en las Cortes Generales. Tanto los senadores como los diputados elegidos por el pueblo para, en teoría, representarles, resulta que se convierten en meros monigotes sumisos al servicio de su partido que les impide, bajo amenaza de sanciones, expresar libremente sus opiniones y votar en conciencia.

A pesar de que  el artículo 67 de la Constitución establece que "los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo" y el 79 dice que "el voto de senadores y diputados es personal e indelegable", la realidad es bien distinta. En la práctica, votar en contra de lo que manden desde la cúpula, sea por convencimiento, conciencia o moral, es sinónimo de no volver a salir en la foto, aunque lo realmente triste es que el propio Tribunal Constitucional avala estos comportamientos en varias sentencias. En una de 1990 dice que “los diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político". O dicho de otro modo, se supone que si militan en un partido es porque están de acuerdo con su programa y, por tanto, solo cabe votar a favor. Hasta ahí, con matices, podemos estar de acuerdo pero, ¿qué ocurre cuando ese partido incumple el 90% de su programa?

La subida de IVA no la tenía el PP en su programa, ni la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, ni la congelación del salario mínimo, ni las atrocidades contra los estudiantes Erasmus, ni la brutal subida de las cuotas de autónomos, ni la bajada de sueldos a funcionarios y la eliminación de una paga extra, ni la subida del IRPF, ni los inhumanos recortes en Sanidad y Educación. Tampoco creo que constaba en ese programa el convertirnos en el país europeo con la mayor subida de electricidad ni que se iba a fomentar el despido y la proliferación de contratos basura gracias a una reforma laboral pactada con los empresarios. A pesar de ello, ninguno de sus diputados se movió. Ninguno hizo de representante de los ciudadanos. Ninguno tuvo la gallardía necesaria para votar lo que el cuerpo le pedía. Salir en la foto, sigue siendo lo más importante para estos ‘representantes’ del pueblo.

Hasta 500 euros le podrán caer a Celia Villalobos por haber roto esa férrea disciplina de partido y votar en contra de la reforma de la Ley del aborto que pretende Gallardón. Enfrente de ella, el resto de mujeres del PP que aplaudían felices al falso progre que acababa de retrotraer el derecho de las mujeres -ellas incluidas- varias décadas. Eso sí, la imagen de unidad del partido que habían mostrado había sido magnífica. Así nos va.