El Ayuntamiento de San Fernando aporta anualmente 1.847.352 € al Consorcio a pesar de que falta un puesto por cubrir desde hace un año. El Sindicato de Bomberos de Cádiz pide una auditoría de 24 millones de euros en total recibidos por el Consorcio los últimos diez años.

Ernesto Díaz, secretario general de Podemos San Fernando, se ha reunido con representantes del Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) y ha mostrado el apoyo de la formación a la auditoría externa que piden para las cuentas de los diez últimos años en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. El sindicato denuncia que el Consorcio ha recibido de Ayuntamientos y Diputación alrededor de 2,4 millones de euros al año durante la última década, pero que se desconoce el destino del montante a pesar de que en diciembre de 2017 Diputación aprobó hacer la auditoría, a petición d Podemos. Una moción que también se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, a petición igualmente de la formación.

"Además de la falta de inversiones, SBC denuncia que faltan alrededor de 45 bomberos en la provincia, uno en San Fernando, aunque la cantidad que aporta el Ayuntamiento de Patricia Cavada al Consorcio sigue siendo la misma", declara Díaz. "Creemos que la auditoría externa es necesaria para aclarar en qué se han gastado esos 24 millones de euros y también la ciudadanía isleña tiene que saber en qué se han usado los 1,8 millones de euros anuales que aportamos al Consorcio, aun teniendo un bombero menos del que nos corresponde desde hace un año". Díaz añade que espera que "se depuren responsabilidades políticas por parte de los partidos que han dirigido la Diputación de Cádiz".

Hay que recordar que, tras una denuncia del propio SBC, ya hay un juicio abierto para determinar si el seguro contratado por el Consorcio de Bomberos para que sus miembros puedan prejubilarse a los 60 años, pero seguir percibiendo la totalidad de sus nóminas hasta los 65, es legal. En noviembre de 2017 la Policía Nacional detuvo a 12 personas como presuntas autoras de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y prevaricación.