Reunión de los portavoces durante el Pleno de junio.

La propuesta de acuerdo sobre la modificación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria no pasó desapercibida durante el último Pleno ordinario celebrado ayer en el Centro de Congresos. Un nuevo plan de choque contemplará la contratación de 25 personas -70% en riesgo de exclusión social y 5% con discapacidad- a partir del mes de julio.

Y es que como viene siendo habitual, la existencia de residuos acumulados en distintos puntos de la ciudad especialmente periurbanos, en zonas como La Casería, Gallineras e incluso en zonas de acceso al Parque Natural continúa siendo causa principal de protestas en grupos ciudadanos como La Otra Cara de La Isla, El Ojo Crítico Isleño o San Fernando Enfadado.

Fue la concejala 'no adscrita' Inmaculada López la más crítica al alegar que este problema "no se soluciona con parches y, mucho menos, a base de populismo". Se refiería a la absoluta desasistencia que a su juicio sufre San Fernando en lo relativo a sus contrataciones con empresas que "incumplen el pliego de condiciones". Empresas, "muchas de ellas vinculadas al Partido Andalucista" y a las que "se les premia a pesar de no respetar los contratos, con sucesivas prórrogas".

López dejó clara su postura en relación a esta problemática que "no se solventa a base de parches temporales". "Lo solucionamos sacando planes puntuales de empleo para parados de larga duración y quedamos como Dios con foto en prensa incluida, pero no, eso es como barrer debajo de la alfombra", concretó.

Conrado Rodríguez (PSOE) quiso ser más práctico. "Se trata de dar solución a corto plazo a uno de los problemas que tiene la ciudad", la cual, con su incremento necesita también mayores partidas presupuestarias y de ahí la reforma. Pero además, "requerimos un plan de choque urgente" debido, fundamentalmente, al turismo que recibirá San Fernando en época festival y que, de paso, se puede solapar con la contratación de parados, haciendo frente a dos necesidades de una sola vez. De ahí la modificación del contrato vinculado al programa de inserción laboral.

El andalucista Fran Romero -al frente de la delegación de Medio Ambiente durante los últimos mandatos- recalcó las "razones de interés público" que fundamentan la propuesta avalada por un informe de intervención municipal que califica esta medida de "razonable y oportuna". Asimismo recordó el más de millón y medio de euros detraídos por incumplimiento a la empresa subcontratada (URBASER) pese a que ésta pleiteó en los tribunales, así como los constantes controles de seguimiento y mejora documentados con fecha y hora. "En febrero de 2012 planteamos, incluso, la resolución del contrato por incumplimiento".

"Esto no es una prórroga, es exigir el cumplimiento de las mejoras. Votar que no es lo que supondría un injusto enriquecimiento de la subcontrata", concluyó antes de la aprobación del punto gracias a los votos andalucistas y socialistas y la abstención de Sí Se Puede.