Desde la Unión Nacional de Trabajadores de Cádiz (UNT-Cádiz) queremos poner de manifiesto la situación en la que se encuentra la plantilla formada por los enfermeros, en total cuatro trabajadores, que hasta el momento venían desempeñando sus funciones en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de San Fernando, a quienes después de veinte años de servicios, la actual empresa adjudicataria Preventium (Adecco) de Sevilla, se niega a subrogar en sus contratos.

Desde UNT-Cádiz consideramos que es totalmente errónea la apreciación actual que sobre la renovación del contrato de estos trabajadores, hacen los responsables del Ayuntamiento de San Fernando, quienes argumentan que estos y según lo especificado por la empresa cesante -Servicios Médicos laborales del Sur- quedan adscritos al convenio de establecimientos de clínicas privadas, lo que según ellos impide la subrogación y por tanto la inaplicación del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores.

UNT- Cádiz, entiende que el mero hecho de la transmisión empresarial no debe nunca suponer menoscabo alguno para los trabajadores, y en ningún caso la extinción del contrato de ninguno de ellos al amparo de disposiciones subsidiarias que se suponen abiertamente desfavorables para los trabajadores, quienes en estos casos siempre deben quedar protegidos por la legislación laboral de aplicación y la numerosa jurisprudencia que existe en la defensa de este derecho.

De igual modo resulta incomprensible el apoyo que el Ayuntamiento de San Fernando da a las pretensiones de la empresa adjudicataria, máxime cuando este ya conocía de las anteriores subrogaciones de personal que se venían realizando desde hace años por las empresas concesionarias, a las que en ningún caso había objetado, siendo precisamente la institución municipal la que en el pliego de contratación correspondiente, obliga a las empresas concurrentes a la subrogación del personal que hasta la fecha estuviese prestando los servicios objeto del contrato.

Es por ello que, desde la UNT, exigimos el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho de los trabajadores, que en ningún caso puede estar supeditado a intereses y pretensiones económicas o políticas de ningún tipo, conminando a la empresa a la correspondiente renovación de los contratos de estos trabajadores y al Ayuntamiento a que obligue a esta a cumplir de manera estricta lo establecido en el pliego de contratación.