Balber y Galván se suben a una grúa en Navantia

La protesta de dos trabajadores del sector del metal ha marcado la jornada en el astillero de Navantia, en San Fernando, donde ambos permanecen subidos a una grúa a varios metros de altura desde la noche del martes 7 de abril.

Se trata de Manuel Balber y Jesús Galván, quienes han llevado a cabo esta acción para denunciar lo que consideran un veto prolongado dentro de la industria auxiliar del metal en la Bahía de Cádiz. Durante la protesta han desplegado una pancarta de gran tamaño con la que buscan visibilizar su situación.

En un comunicado difundido tras iniciar la acción, ambos explican que actúan a título personal y reclaman una intervención política que garantice el cumplimiento del derecho a un trabajo digno. Según sostienen, llevan años sin poder acceder a contratos pese a su experiencia como soldadores.

Desde la propia grúa, Galván ha trasladado su testimonio a otros trabajadores que se han acercado a mostrarles apoyo. En sus palabras, asegura que tanto él como su compañero son padres de familia y que están siendo castigados por su implicación en la defensa de los derechos laborales, lo que, según denuncia, los empuja a una situación de exclusión social.

Los dos trabajadores vinculan este escenario a su participación en la Coordinadora de Trabajadores del Metal y aseguran que sufren una forma de represalia sindical desde hace aproximadamente una década. Afirman que esta circunstancia les impide trabajar en su entorno, pese a la elevada carga de trabajo existente en grandes empresas del sector naval y sus subcontratas.

En este contexto, denuncian la existencia de supuestas 'listas negras' que les cerrarían el acceso a cualquier contratación dentro de la industria del metal en la provincia de Cádiz, una situación que, insisten, continúa sin resolverse.

"En un momento de carga de trabajo histórica, en el que la patronal busca a trabajadores en el extranjero y las instituciones invierten dinero público en formación, dos profesionales, padres de familia que por dar la cara pidiendo “carga de trabajo con derechos”, se les ha sentenciado a no poder trabajar en su tierra y se encuentran en peligro de exclusión si no emigran. Uno cobra 0€ y el otro 480 euros", declara a este periódico Diego Rodríguez, miembro de CTM.