Defensor del Pueblo Andaluz y alcaldesa abordan sanidad, vivienda y educación en San Fernando
El Defensor del Pueblo Andaluz y la alcaldesa de San Fernando coinciden en reforzar derechos y servicios públicos ante la ciudadanía
Ambas instituciones abordan la situación de la sanidad, la dependencia, la educación pública, la vivienda y la convivencia urbana, y apuestan por una mayor coordinación institucional para garantizar una respuesta ágil y eficaz a los problemas reales de los vecinos y vecinas de San Fernando.
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, han mantenido este martes 24 de febrero una jornada de trabajo centrada en la defensa de los derechos de la ciudadanía y en la necesidad de mejorar la respuesta de las administraciones ante problemas que afectan de manera directa a la vida cotidiana, especialmente en ámbitos como sanidad, dependencia, vivienda y educación.
La alcaldesa ha agradecido la visita institucional del defensor del Pueblo y el encuentro mantenido para trabajar en favor de la ciudadanía, destacando la importancia de abordar de manera conjunta los problemas que afectan a San Fernando. La regidora ha ensalzado la figura de Maeztu estando legitimado no solo por el cargo que representa, “sino por su prolífica trayectoria personal y de compromiso social que ha demostrado a lo largo de toda su vida”.
“Hay que poner de relieve que, en un momento en el que las instituciones están más que nunca en entredicho, la Defensoría del Pueblo Andaluz ha adquirido un mayor respeto, si cabe, gracias al trabajo y la labor de Maeztu.”
Cavada ha trasladado su preocupación por el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, especialmente en sanidad y dependencia, denunciando los retrasos en intervenciones y en la resolución de expedientes que repercuten directamente en las familias. En este contexto, ha recordado que el Ayuntamiento ha remunicipalizado el servicio de ayuda a domicilio para dignificar las condiciones laborales y reforzar la gestión pública.
Asimismo, ha señalado la necesidad de una mayor inversión en la educación pública, advirtiendo de la obsolescencia de muchos centros educativos en ciudades como San Fernando. La alcaldesa ha recordado, como ha contado en otras ocasiones, que muchos de los colegios de San Fernando cuentan con una gran antigüedad, lo que hace necesario un esfuerzo adicional por parte de la administración autonómica.
En este sentido, ha reclamado que se refuerce la inversión en infraestructuras educativa. “Tenemos los mejores profesionales en la educación pública, pero la administración autonómica tiene que hacer una apuesta en la renovación infraestructuras educativas”
De igual forma, Cavada ha reclamado una apuesta decidida por la construcción de vivienda pública, destacando las promociones que se están poniendo en marcha desde el Consistorio, como es el caso de las 81 viviendas sociales en régimen alquiler con la financiación de los fondos europeos y del propio Ayuntamiento. En definitiva, “hay que invertir más por parte de las comunidades autónomas en vivienda pública, como ha sucedido en otras épocas que se han construido barrios enteros”.
“Estos problemas, aunque generales, tienen un impacto directo en los vecinos y vecinas”, reiterando su voluntad de seguir trabajando con el defensor del Pueblo y otras administraciones para ofrecer soluciones eficaces.
Con respecto al premio que se ha recibido al IES Sancti Petri, por parte de la Defensoría, Cavada ha querido dar la enhorabuena y mostrar su orgullo por “un instituto que viene siendo un referente y que ahora ha sido premiado entre más de 500 centros de toda Andalucía por su compromiso y, en este caso, por la integración entre los jóvenes”.
Institución garante e imparcial
Por su parte, Maeztu ha subrayado el papel de la Defensoría como institución garante, imparcial e independiente, “sin colores; con causas”, y ha reafirmado su compromiso con quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, ha insistido en la importancia de escuchar, acompañar y proteger a las personas que “se quedan atrás”, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a quienes afrontan dificultades para acceder a derechos básicos. Asimismo, ha recordado que, durante la jornada de hoy, la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor del Pueblo Andaluz atiende presencialmente en San Fernando, en horario de mañana y tarde, en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León.
Maeztu ha puesto de relieve poner el foco en la infancia y la adolescencia, destacando la sensibilidad social y la capacidad de integración de la juventud isleña. En el marco de esta visita, el Defensor ha hecho entrega en San Fernando de uno de los accésit de los XVIII Premios de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía “Así veo mis derechos” al Instituto Santi Petri. Para el Defensor, la adolescencia “no es solo futuro: es presente”, y requiere una respuesta decidida ante retos como el acoso escolar, el ciberacoso y el suicidio.
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz ha calificado de “inaceptable” que la ciudadanía tenga que esperar años para acceder a ayudas al alquiler o para obtener una valoración de dependencia, al tiempo que ha alertado del “limbo jurídico” que pueden sufrir las personas con discapacidad mientras esperan el reconocimiento oficial de su grado, lo que limita su acceso a prestaciones y derechos.
En su intervención, Maeztu ha defendido el valor de la mediación como herramienta práctica: la labor de la institución —ha señalado— no se reduce a identificar disfunciones, sino que trabaja para proponer soluciones concretas y colaborar con los ayuntamientos en el desbloqueo de problemas vinculados a salud, vivienda y servicios sociales. También se ha referido a cuestiones de convivencia urbana, como la recuperación del espacio público y el derecho al descanso frente al ruido y la proliferación de veladores.
El Defensor del Pueblo ha firmado en el Libro de honor y, posteriormente, se ha hecho entrega del en el premio IES Sancti Petri. Ambos han coincidido en la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones para proteger los derechos de la ciudadanía y asegurar unos servicios públicos de calidad. El encuentro ha servido para poner en común preocupaciones, compartir líneas de trabajo y reafirmar el compromiso conjunto de seguir impulsando soluciones que mejoren la vida diaria de los isleños e isleñas.







