Fran Romero - AxSí San Fernando

Romero: “Tal y como está redactada, la ZBE de Cavada rompe la igualdad entre vecinos, genera exclusión y castiga la pobreza”

El portavoz recuerda en sus alegaciones que la Zona de Bajas Emisiones no es viable sin un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con el que San Fernando no cuenta

El portavoz municipal Fran Romero ha dado detalle de las alegaciones que ha presentado al proyecto de ordenanza de Zona de Bajas Emisiones aprobado inicialmente, al que el propio concejal define como “uno de los documentos peor elaborados y más perjudiciales para la ciudad que se han llevado a un Pleno en años junto a los atracos fiscales. Cavada pretende imponer una ZBE sin el instrumento legal obligatorio que la hace viable: un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Es una ilegalidad tan evidente que cualquier tribunal la tumbaría sin dudar”, insiste Romero, que recuerda que ciudades como Segovia, Barcelona o Madrid han visto anuladas total o parcialmente sus ZBE por defectos de forma mucho menores que los que presenta el texto de San Fernando.

De hecho, el portavoz explica que el equipo de gobierno va tarde para dar cumplimiento a la Ley 7/2021, que obligaba a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con este plan, imprescindible para la implantación de la ZBE, antes de 2023. “La ZBE es una medida dentro del PMUS, no un documento independiente, por lo que imponerla ahora supone construir la casa por el tejado y sin cimientos. Pero el gobierno local está tan desesperado por no perder las subvenciones al transporte público urbano que ha decidido saltarse la Ley y las normas más básicas de planificación pública después de años sin hacer nada al respecto”, afirma Romero.

Romero critica duramente que el proyecto de Ordenanza esté basado en un modelo estándar de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “sin adaptación a la realidad social, económica y de movilidad de San Fernando. No hay análisis propio, ni rigor, ni conocimiento del impacto real en los barrios, en el comercio o en los trabajadores con turnos nocturnos”, advierte.

El portavoz desmonta especialmente la afirmación de que la ZBE no tendrá impacto social ni económico relevante. “200 euros de sanción para cualquier infracción, una cantidad demoledora para familias con pocos recursos. Además, no hay ninguna bonificación, ayuda o exención para quienes no pueden renovar su vehículo, ni ningún estudio socioeconómico. ¿Cómo puede decir el Gobierno que no hay impacto social cuando más de 30.000 vehículos de isleños se verán afectados y muchos de ellos pertenecen a isleños que no pueden permitirse uno nuevo? Esta ordenanza, tal y como está redactada, rompe la igualdad entre vecinos, genera exclusión y castiga la pobreza”, subraya el concejal.

La formación detalla que en esta ordenanza el transporte público no existe como alternativa real, al no existir autobuses nocturnos, lanzaderas desde los aparcamientos disuasorios o mejora alguna en horarios o frecuencias. También asegura que la ZBE supone un golpe directo al comercio local y a los autónomos, dedicando una regulación torpe y dañina a la distribución urbana de mercancías, restringiendo el acceso a vehículos que muchísimos comerciantes locales utilizan a diario, especialmente turismos mixtos y vehículos privados usados para abastecer pequeños negocios. Además, el texto impone franjas de carga y descarga ajenas a la realidad comercial, lo que puede generar sobrecostes, retrasos y pérdida de competitividad frente a grandes cadenas con más capacidad logística.

Por otro lado, la ordenanza contempla un calendario rígido y acelerado, con libertad de circulación de 8.00 a 20.00 horas el primer año y de 8.00 a 15.00 horas el segundo, que también perjudicará a hostelería y trabajadores a turnos. De igual modo, echa en falta Romero la participación ciudadana y la transparencia en el proceso de esta ordenanza, por eso en sus alegaciones señala que se ha aprobado inicialmente sin participación real, limitándose a enviar notificaciones a alguna asociación en pleno mes de agosto y sin convocar a comerciantes, vecinos, transportistas ni colectivos sociales. “La Ley 39/2015 obliga a fomentar la participación en la elaboración de normas. Y la ZBE, por su impacto social, requiere un proceso abierto, con debate público y transparencia. Nada de eso ha ocurrido. Es una imposición encubierta”, indica el portavoz.

Denuncia que la ordenanza no plantea ninguna medida transformadora propia de una ciudad moderna. Por ejemplo, no hay plan de electrificación del transporte público municipal, no se proponen carriles bici nuevos, no se refuerza la red de transporte activo, no se establecen objetivos medibles ni indicadores de seguimiento y no hay ayudas para bicicletas eléctricas, motos eléctricas o flotas de autónomos. “Es un modelo basado en restringir y sancionar, no en transformar. Su modelo de movilidad se reduce a prohibir y multar. Ni un solo paso hacia una movilidad moderna, inclusiva y sostenible. Es lo que pasa cuando se legisla desde un despacho, sin pisar la calle, sin escuchar a nadie, sin conocer los horarios reales de la vida cotidiana”, afirma Romero.

El portavoz municipal además recalca la incongruencia de Cavada respecto a la zona azul, anunciando su eliminación mientras su propio proyecto técnico dice lo contrario y reconociendo que la zona azul es esencial para regular la movilidad. “En definitiva, esta ordenanza debe retirarse de inmediato. Nacería anulada en los tribunales porque es ilegal, injusta y técnicamente deficiente. No se sostiene por ningún lado. Pedimos al Gobierno local que la retire, que deje de improvisar y que haga las cosas bien: primero un PMUS participativo, después una ZBE coherente e igualmente consensuado y, después, una verdadera Ordenanza de Movilidad”, afirma el portavoz.

Romero exige que el Ayuntamiento de San Fernando retire el proyecto, elabore un PMUS completo, lo apruebe con participación social y sólo después inicie la redacción de una ZBE que cumpla la Ley, proteja la salud pública y no castigue a quienes menos tienen. “San Fernando merece una ZBE de verdad: justa, legal, planificada y útil. No este desastre improvisado que sólo traerá caos, multas y desigualdad”, concluye.