Vox rechaza la imposición de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando

Carlos Zambrano denuncia la falta de justificación técnica en el proyecto y la ausencia de un verdadero proceso de participación ciudadana

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando ha presentado un escrito de alegaciones al Proyecto de Ordenanza Municipal para la creación y gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que el procedimiento seguido por el equipo de Gobierno vulnera los principios básicos de participación ciudadana, proporcionalidad y buena administración.

El portavoz del grupo municipal, Carlos Zambrano, recuerda que la aprobación inicial de la ordenanza tuvo lugar el 26 de septiembre, pocos días antes de que concluyera el plazo legal para presentar alegaciones al proyecto técnico que debía servir de base al texto normativo. Esto demuestra, según Zambrano, que la participación ofrecida a los ciudadanos “ha sido ficticia”, ya que se ha elaborado y aprobado la ordenanza sin tener en cuenta las opiniones, sugerencias ni objeciones de los colectivos afectados, lo cual “implica infracción de los principios y normas que inspiran y regulan el derecho a la participación ciudadana y en los asuntos públicos”.

Entre las alegaciones presentadas, Vox advierte que el proyecto técnico carece de datos medidos localmente que acrediten la existencia de un problema grave de calidad del aire que justifique la necesidad de imponer restricciones al tráfico en San Fernando. De hecho, el portavoz del grupo municipal recuerda que la propia alcaldesa, Patricia Cavada, este mismo año, “ha promocionado nuestra ciudad como la que tiene el aire más limpio de España”.

Asimismo, Carlos Zambrano denuncia la ausencia de un estudio de impacto económico, social y ambiental, tal y como exigen la legislación vigente y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de justicia de Madrid, que han anulado ordenanzas similares por falta de motivación y proporcionalidad.

El escrito de Vox subraya, además, que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de San Fernando vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como la libertad de circulación y residencia, y sostiene que prevé numerosas excepciones y autorizaciones “sin criterios claros, lo que deriva en arbitrariedad y demuestra la falta de motivación suficiente. Las diferencias de trato deben estar objetivamente justificadas, evitando que el margen discrecional vulnere el principio de igualdad”.

Zambrano indica que la propia normativa permite que las ZBE se diseñen con medidas de incentivo y transición tecnológica, en lugar de prohibiciones rígidas. Así, considera que en el caso de San Fernando, “se deben explorar medidas menos restrictivas de derechos fundamentales, como es el de la movilidad”.

De este modo, manifiesta que en lo que respecta a San Fernando, el proyecto y la ordenanza para la creación de la ZBE “son documentos que responde a criterios ideológicos alineados con la Agenda 2030, que limitan derechos fundamentales, perjudican la actividad económica local y carecen de proporcionalidad real, afectando de forma directa a vecinos, comerciantes y autónomos del municipio”.

Por todo ello, Vox solicita la paralización del expediente administrativo y la retroacción del procedimiento al inicio, a fin de que se elaboren los estudios técnicos y científicos necesarios, así como “un completo estudio de impacto económico, social y medioambiental”. Además, exige que se abra un proceso real de participación ciudadana antes de someter la ordenanza a votación definitiva en el Pleno municipal.