Juan Carlos, Juan Manuel, Víctor, Juan Antonio y Antonio Carlos a las puertas de su trabajo luchan siguen luchando por sus nóminas - El Castillo de San Fernando

Patricia Cavada exige a Defensa una solución urgente para los trabajadores de Torregorda

Trabajadores de San Fernando exigen el pago de nóminas atrasadas en el CET de Torregorda

Los seis empleados del Centro de Ensayos de Torregorda (CET), en San Fernando, Juan Carlos Espino, Juan Manuel Torres, Víctor Benítez, Juan Antonio Jardines, Antonio Carlos Baños y Jesús Bruzón afectados por el impago de tres nóminas por parte de la empresa Intervenciones Marítimas Españolas (Inmmares), han señalado ahora presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato y denuncian que sus condiciones laborales son fraudulentas.

Según han trasladado a este medio, la actual adjudicataria fue descartada en la subasta de 2022 por no cumplir los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el Ministerio de Defensa. Sin embargo, aseguran que en la siguiente licitación volvió a entrar “con los mismos requisitos incumplidos”.

Los trabajadores recuerdan que fue el propio propietario de la compañía, Fernando Sánchez, junto a otra responsable de la firma, quien reconoció esta situación en una primera reunión con la plantilla. Añaden que la empresa matriz maniobró para apartar a la anterior adjudicataria, del Grupo Cobra, “porque insistía en aplicar mejoras de prevención de riesgos, la subida de categoría laboral y un contrato ajustado a las funciones reales”.

La plantilla sostiene que su contrato como auxiliares, con categoría de peón, “es un fraude de ley, porque no se corresponde con las tareas que realmente desempeñamos en el campo de tiro”. Esta situación, afirman, podría acarrear problemas legales tanto a los empleados como a la propia empresa.

Uno de los trabajadores cita además unas declaraciones realizadas por Inmaculada Ortiz, directiva de la compañía en Andalucía, en las que habría resumido la política de Defensa respecto a este servicio: “Defensa quiere pagar jamón a precio de mortadela”.

Mientras, los afectados mantienen paros laborales y concentraciones a las puertas del CET para exigir el abono de los sueldos pendientes y reclaman al Ministerio de Defensa una solución definitiva. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ya se ha comprometido a trasladar la urgencia de este conflicto a la ministra Margarita Robles, insistiendo en que los empleados “están trabajando para lo público y no pueden seguir en esta situación insostenible”.