Encuentro con los trabajadores del CET de Torregorda

Trabajadores de San Fernando exigen el pago de nóminas atrasadas en el CET de Torregorda

La alcaldesa pide a la ministra de Defensa que resuelva con urgencia la situación de los trabajadores de Torregorda

Cavada se reúne con los empleados de Intervenciones Marítimas Españolas SL, contratada para prestar servicios en Torregorda por el Ministerio, que llevan meses sin cobrar, comparte sus reivindicaciones y se compromete a presionar al Ministerio para acelerar una solución

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro con los seis trabajadores del Centro de Ensayos de Torregorda afectados por los impagos de la empresa Intervenciones Marítimas Españolas, que desde el mes de mayo no perciben sus nóminas.

Durante la reunión, la alcaldesa expresó su apoyo y solidaridad con la plantilla, que viene protagonizando paros y concentraciones para denunciar una situación que califican de “injusta e insostenible”. Los trabajadores trasladaron a Cavada la incertidumbre que atraviesan y la contradicción de que la misma empresa que les adeuda salarios pueda optar de nuevo a la gestión de este contrato a partir del próximo mes de noviembre.

Por su parte, Cavada se ha comprometido a interceder y presionar ante el Ministerio de Defensa, de quien depende el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo que subcontrata este servicio. “Como alcaldesa de San Fernando y como representante pública tengo la obligación moral de exigir a la responsable del Ministerio una solución inmediata para estos trabajadores que, aunque contratados por una empresa privada, desempeñan funciones para lo público”, ha subrayado. Cavada es conocedora de que “es una situación compleja, ya que nos trasladan que por parte del INTA se está abonando las cuantías que contractualmente corresponden, pero la empresa subcontratada no está pagando las nóminas a los trabajadores”.

No obstante, “una solución debe haber para que estos trabajadores puedan percibir el justo salario por su trabajo”, ya que no han dejado de trabajar ningún día. Hay que “retorcer la legislación y las posibilidades y buscar cualquier solución dentro de la misma normativa para zanjar esta situación insostenible”. Cavada se ha mostrado enérgica porque “hay que actuar con celeridad en cualquier paso que se haya que dar, a pesar de que los actos administrativos son muy lentos y juegan en contra de la urgencia que este asunto requiere”.

Desde que se conoció el conflicto, el gobierno municipal se ha mantenido contacto con la representante sindical y personalmente la alcaldesa de manera reiterada con la Subdelegada y el Delegado del Gobierno quienes coinciden en que la salida pasa por una solución desde el Ministerio dentro de la complejidad jurídica y administrativa en la que se encuentra el asunto.

“La situación es anómala, incomprensible e insostenible. El Ministerio de Defensa debe actuar con urgencia para desbloquear este problema”, ha concluido Cavada, que insistió en su disposición a seguir intercediendo y presionando para que estos trabajadores tengan garantizados sus derechos y su reconocimiento laboral.

Demandas de los trabajadores

A pesar de llevar meses sin cobrar, los seis empleados de la compañía siguen cumpliendo con sus obligaciones cada día, sin que hasta ahora hayan obtenido una solución que garantice el abono de sus sueldos. Los afectados reclaman una solución inmediata a los impagos, que ya se prolongan tres meses, mientras se les exige continuar con su labor.

Además, reivindican el reconocimiento profesional y salarial acorde a las funciones que realmente desempeñan, mejoras laborales y que en el futuro se refuercen las garantías de solvencia en la contratación de las empresas adjudicatarias por parte del Ministerio y del INTA para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

Los empleados han iniciado protestas a las puertas del Centro de Ensayos de Torregorda y han anunciado que mantendrán paros tres días a la semana hasta que exista una respuesta. “Esto va ya para tres meses, y además cobrando por debajo del salario mínimo”, lamenta uno de los portavoces, recordando que apenas llegan a los 1.200 euros con las pagas prorrateadas. “Estamos hablando de familias que no tienen otro ingreso, y con un sueldo tan ajustado es imposible ahorrar para hacer frente a una situación como esta. Se está generando un auténtico drama social”.