Una profesora imparte una clase a los universitarios

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La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) entra en vigor el 26 de marzo, después de que el pasado 11 de febrero se aprobara por el Parlamento andaluz. Esta nueva norma sustituye al marco legislativo que data de 2013 y aborda los derechos del estudiantado, la protección del sistema público universitario y el modelo de financiación, así como la carrera académica, la internacionalización y la formación continua. De igual modo, recoge el acceso a la vivienda del alumnado, la transparencia de las instituciones académicas, la gobernanza y las condiciones para la creación de universidades privadas.

Sobre el estudiantado, la ley reconoce la bonificación de las matrículas, la desconexión digital o la suspensión temporal de los estudios. Igualmente, también refleja la necesidad de fomentar el acceso a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las instituciones académicas. El documento incluye en su articulado la promoción de programas para la movilidad del estudiantado, con el fin de mejorar su formación integral y el conocimiento del entorno social, cultural y académico autonómico, estatal e internacional, dando prioridad a la cobertura del Erasmus+.

En relación con el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de las universidades públicas, la LUPA se asienta sobre tres ejes: estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional. En su contenido se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI para fomentar la transferencia del conocimiento y el perfeccionamiento de su formación, se recupera la figura del profesorado ayudante, se limita el uso indebido de la figura del profesor sustituto interino y se instaura la obligatoriedad de un nivel de idioma extranjero (B2) para el acceso a la figura de ayudante doctor a partir de 2029, una medida que también es exigible para la obtención de títulos universitarios oficiales.

La norma introduce medidas en lo relativo a la gobernanza, de modo que las universidades disponen de mayor autonomía en materia de personal y en el ámbito de planificación de la programación académica. De esta manera, se regulan órganos de coordinación autonómica como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, espacio de diálogo y planificación estratégica entre el Gobierno andaluz y las universidades, y el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía, que canaliza propuestas y consultas de forma estable.

En el área de la financiación, la LUPA se hace eco del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, que se acompaña de mecanismos de evaluación y control del gasto público basado en indicadores de calidad y resultados. Además, se establece el uso de remanentes no afectados. Junto a estas medidas, se introduce la figura de un interventor como parte del personal técnico y de administración, y aumentan las competencias de inspección, evaluación y sanción.

En el ámbito de la gestión universitaria, se regulan los campus universitarios, a los que hay que dotar de los recursos necesarios de carácter docente, de personal técnico y de administración, de infraestructuras y de servicios a la comunidad universitaria.

Respecto a los Consejos Sociales, se refuerzan sus funciones en la captación de fondos y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.