Inmaculada Marín en su intervención del pleno extraordinario de este viernes

Denuncia que el Gobierno local creó deuda ficticia para sortear las limitaciones legales del superávit municipal

"La hacienda municipal no puede convertirse en un laboratorio de ingeniería contable para maquillar resultados o para gastar más allá de lo permitido"

Los populares piden al Ayuntamiento que la Subdelegación y Tribunal de Cuentas revisen la operación por posible vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

La concejala del Partido Popular (PP) de San Fernando, Inmaculada Marín, ha denunciado en el Pleno extraordinario celebrado este 14 de noviembre la operación financiera ejecutada por el Gobierno municipal para amortizar anticipadamente unos préstamos que, según ha expuesto, “nunca debieron firmarse”.

Marín ha explicado que el ejecutivo del PSOE, encabezado por Patricia Cavada, pretende amortizar en apenas un mes casi 13,5 millones de euros en créditos formalizados hace solo unas semanas, utilizando para ello 11,4 millones de remanentes y dos millones procedentes de gastos de personal. Sin embargo, estos préstamos se contrataron “sin necesidad real de tesorería”, dado que la entidad municipal mantiene más de 40 millones de euros en saldos bancarios y sin informes que acrediten problemas de liquidez.

Apunta la concejala popular que, el único objetivo de esta operación habría sido crear deuda artificial que permitiera al Gobierno local gastar un superávit que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) no permite destinar libremente a inversiones. “El Ayuntamiento se endeuda sin necesitarlo, gasta ese dinero en inversiones que no podría financiar con el superávit y, acto seguido, amortiza la deuda con ese mismo superávit”, ha detallado. "El superávit puede destinarse a deudas asistentes no se contempló crear deudas ficticias para justificar el gasto", recalca según ley.

Marín ha recordado que el artículo 32 de la LOEPSF es claro al restringir el uso del superávit a la amortización de deuda real o a inversiones financieramente sostenibles bajo condiciones muy concretas. “No se contempló crear deuda ficticia para justificar el gasto”, ha señalado, al tiempo que ha advertido de que esta operación podría suponer una vulneración del espíritu y la finalidad de la norma.

La edil también ha señalado que la operación conllevará el pago de comisiones bancarias y costes financieros innecesarios, que recaerán sobre las arcas municipales “sin aportar ningún beneficio real para los vecinos”.

Además, Marín ha subrayado que tanto la AIReF como el Tribunal de Cuentas han advertido en informes recientes (2020 y 2021, respectivamente) sobre el uso de operaciones de “endeudamiento simulado” para sortear los límites establecidos en la regla de gasto, considerándolas contrarias a la buena gestión financiera.

Por todo ello, el Partido Popular ha anunciado su voto en contra y ha solicitado formalmente que la documentación completa de la operación sea remitida a la Subdelegación del Gobierno de España y, si procede, al Tribunal de Cuentas, para que ambos organismos valoren si la actuación municipal se ajusta al ordenamiento jurídico.

“Invertir en la ciudad es esencial, pero debe hacerse dentro del marco legal y con respeto a la estabilidad financiera. La Hacienda municipal no puede convertirse en un laboratorio de ingeniería contable”, ha concluido Marín.