Un coche patrulla de la Policía Local frente al Ayuntamiento de San Fernando - El Castillo de San Fernando

La Sección Sindical de la Policía Local denuncia la sentencia que obliga al consistorio a pagar salarios, cotizaciones y costas por no reincorporar a tiempo a un agente, vulnerando derechos laborales y generando perjuicios económicos al municipio.

La Sección Sindical de la Policía Local de San Fernando (Spl San Fernando) ha denunciado públicamente la condena judicial al Ayuntamiento por su inacción ante la reincorporación de un agente tras recibir el alta médica.

Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz, el consistorio deberá abonar los salarios atrasados, las cotizaciones a la Seguridad Social y las costas procesales, después de dejar al funcionario sin retribución ni protección social durante más de mes y medio.

El caso comenzó el 10 de noviembre de 2023, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolvió que el agente no presentaba incapacidad permanente. Sin embargo, el Ayuntamiento no lo reincorporó al servicio activo ni informó de su situación hasta el 1 de enero de 2024, fuera del plazo legal. Esta omisión administrativa provocó, según el sindicato, un vacío económico y laboral injustificable, vulnerando derechos reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La resolución subraya la falta de coordinación entre el área de Recursos Humanos y la Jefatura de la Policía Local, y alerta de la ausencia de una empresa de prevención de riesgos laborales, pese a los requerimientos de la Inspección de Trabajo. Además, el agente afectado —que cuenta con limitaciones físicas por un accidente laboral— había tenido una adaptación funcional previa que fue retirada sin justificación, exponiéndolo a riesgos incompatibles con su estado de salud.

Desde la sección sindical advierten que este caso no es aislado y refleja una práctica sistemática de abandono institucional hacia los empleados municipales, especialmente en cuerpos de seguridad con exigencias físicas específicas y una media de edad elevada. Señalan que la falta de valoración de puestos de segunda actividad y la denegación de adaptaciones laborales agravan el malestar de la plantilla.

El sindicato también critica que las costas judiciales sean asumidas por la tesorería municipal, lo que supone un gasto para toda la ciudadanía, fruto —afirman— de decisiones técnico-políticas que, en lugar de proteger los derechos de los empleados, los confrontan en sede judicial.

La Sección Sindical exige al Gobierno Municipal revisar de inmediato los protocolos de reincorporación, restituir las medidas preventivas y garantizar el respeto a los derechos laborales fundamentales. Asimismo, reclaman un calendario urgente de diálogo y advierten que, de no producirse avances, emprenderán nuevas acciones legales y sindicales. Según el comunicado, la situación actual de la Policía Local, marcada por problemas de uniformidad, vehículos, vacantes y formación, contrasta con lo que califican como propaganda de despilfarro difundida en medios de comunicación.