Palacio de Justicia de Cádiz

El juicio por el desfalco de la Caja Municipal busca esclarecer el destino de 7,8 millones de euros desaparecidos entre 2004 y 2009

El juicio por lo penal se perfila ahora como la última oportunidad de esclarecer el destino de los fondos públicos más importantes desaparecidos en la historia reciente del municipio.

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha solicitado hasta 16 años de cárcel para Clemente Ruiz, antiguo cajero del Ayuntamiento de San Fernando, como presunto autor principal del desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja Municipal entre los años 2004 y 2009. Junto a él, también se enfrenta a una pena de doce años de prisión la funcionaria María José Lebrero, por su supuesta colaboración en los hechos. Ambos ya cumplieron periodos de prisión provisional durante la instrucción del caso.

El Ministerio Público los acusa de haber ejecutado un entramado fraudulento mediante la manipulación de las hojas de caja diarias, justificando el descuadre de fondos con explicaciones como “retrasos contables” o “avales pendientes”, lo que les permitió desviar cantidades de entre 500 y 45.000 euros de forma continuada durante años. La Fiscalía considera que actuaron “movidos por un afán de ilícito beneficio” y que tenían el “control exclusivo” de la caja, al ser los únicos con acceso a la caja fuerte.

Ruiz apenas se tomó vacaciones durante esos años para evitar que otros empleados detectaran las irregularidades. Esta vigilancia continua, unida a la confianza depositada en ellos por la estructura administrativa, permitió que los movimientos ilícitos pasaran desapercibidos hasta 2009, cuando estalló el escándalo.

La investigación también ha señalado la posible utilización de empresas pantalla, como 'Servicios Inmobiliarios Nora' y 'Team TR Quad San Fernando SL', para el blanqueo del dinero, y ha puesto el foco en su entorno familiar. La esposa y la suegra de Ruiz, así como miembros de una familia marroquí vinculada al matrimonio, fueron imputados por posible participación en la trama de blanqueo. Las dificultades para obtener declaración de estos últimos —ubicados en Marruecos y con el presunto fallecimiento de uno de los principales implicados— han contribuido al alargamiento del proceso judicial.

Por estos hechos, el Tribunal de Cuentas ya condenó a ambos exfuncionarios a reintegrar los fondos desaparecidos a las arcas municipales. Además, atribuyó responsabilidad subsidiaria a los exalcaldes del Partido Andalucista, Antonio Moreno Olmedo y Manuel María de Bernardo, por su “pasividad” ante las alertas sobre irregularidades. De Bernardo dimitió entonces como concejal, a pasar de negar toda responsabilidad en el robo de la caja.

Ya han pasado más de quince años desde que comenzara la instrucción y cinco desde que se reveló públicamente el caso, el dinero sigue sin aparecer, pues la Fiscalía considera acreditado que ninguna de las cantidades sustraídas ha sido recuperada.

El proceso penal que se avecina no solo representa el intento definitivo de depurar responsabilidades individuales, sino que también se perfila como la última gran oportunidad para esclarecer qué ocurrió realmente con los más de 7,8 millones de euros desaparecidos de las arcas municipales. Se trata de una de las mayores pérdidas de fondos públicos en la historia reciente de San Fernando, cuya sombra aún planea sobre la gestión institucional de aquella etapa. Con el paso del tiempo, el caso se ha convertido en un símbolo de opacidad y falta de controles, y la vista oral podría ser la única vía para arrojar luz sobre el paradero del dinero sustraído, que a día de hoy sigue sin ser recuperado, y sobre el alcance real de la red de personas implicadas en el fraude.