3R pide la comparecencia pública de la alcaldesa para explicar esta situación y de cómo lleva incumpliendo la Ley desde mayo de 2018 en esta materia tan delicada que puede llevar aparejadas sanciones administrativas de hasta 10 millones de euros. Sí su altivez política hiciera aparición, 3R elevará estos hechos ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Tras el incidente informático que ha llegado a paralizar la gestión administrativa de esta ciudad desde hace una semana, 3R pide que se depuren las correspondientes responsabilidades de lo ocurrido, por ello esta formación política se pregunta "por la manipulación de datos que viene informando en esta avería informática".

"¿Quién es el DPD- Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de San Fernando?, con objeto de solicitarle información acerca de las medidas adoptadas en cuanto a garantizar la debida custodia de los datos personales de los isleños, que puedan existir en esos servidores? Pues nos llevamos la sorpresa que en los registros oficiales, dígase el del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, actualizado a fecha de 22 de Junio, el Ayuntamiento de San Fernando, no consta, no existe.

Por lo tanto estamos ante un incumplimiento con su obligación legal, ante la inexistencia de la figura del DPD y que esta formación política, en el caso que aparezca en escena la altanería política de la primera edil, pedirá la intervención de Protección de Datos de Andalucía en el marco de este incidente, para comprobar si los datos personales de los isleños, que pudieren existir han tenido la debida cobertura legal o han estado expuestos a alguna intromisión indebida.

"Sra. Cavada una más, otra más, otra...nos preguntamos cómo se puede llegar a este grado de irresponsabilidad política, la sanción administrativa por este incumplimiento, puede llegar hasta los 10.000.000 euros"